Ante los sucesos ocurridos al inicio de esta semana en
Barillas, creemos necesario enviar una carta abierta al Presidente de la
República para llamar la atención sobre la gravedad de los hechos y las medidas
tomadas.
Así que les pedimos conozcan la carta y si están de acuerdo,
nos la reenvien a este correo para sumar su firma a la carta. Y si es posible
distribuir a sus redes para que contribuyan
agregando su NOMBRE, ORGANIZACION U OTRA Y PAIS SI NO FUERA
GUATEMALA.
Este domingo 6 de mayo hemos convocado a
una
CONFERENCIA DE PRENSA A LAS 10 DE LA
MAÑANA
HOTEL PANAMERICAN SALON MAYA (9a calle y 5a avenida zona 1,
ciudad de Guatemala)
en donde presentemos públicamente la
carta.
Carta Abierta al Presidente de Guatemala Otto Pérez
Molina acerca de los sucesos en Santa Cruz Barillas y el Estado de
Sitio
Las personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y
otros países, dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las
luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, del territorio y de la
naturaleza, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con el
futuro de nuestros pueblos, nos vemos en la obligación de exigir al Presidente
de la República que aclare los sucesos ocurridos los días 2 y 3 de mayo en Santa
Cruz Barillas y que suspenda el Estado de Sitio vigente en ese
municipio.
Desgraciadamente, los hechos ocurridos en Santa Cruz Barillas
son un caso más de desprecio por la expresión de la voluntad de las y los
guatemaltecos; y es muestra del racismo estructural del Estado de Guatemala: en
lugar de defender a la población, recurre a la represión para mantener los
intereses de empresas nacionales o extranjeras.
Usted sabe, señor Presidente, que en 2009 se estableció la
empresa española Econer-Hidralia, que se reconvirtió en Hidro Santa Cruz, para
poner en marcha el proyecto CAMBALAM. Este proyecto se instalará en un área
utilizada tradicionalmente como centro de recreación y como centro ceremonial,
limitando el uso doméstico y agrícola del agua y alterando un entorno ya frágil
de por sí por la cercanía de la cabecera municipal
Las comunidades afectadas por el mencionado proyecto no habían sido consultadas como establece la ley, por lo que tomando la iniciativa organizaron sesiones de información y consulta. El resultado de estas consultas fue el rechazo a la construcción de la hidroeléctrica, decisión que se desarrolló en actas comunitarias que se presentaron al Concejo Municipal. El 4 de julio de 2011 se abordó la situación en una reunión con presencia del Alcalde y el Concejal Tercero de la Municipalidad de Barillas y autoridades comunitarias en la que se determinó nuevamente la negación a la construcción de la hidroeléctrica y se levantó el acta 09-2011 de la Municipalidad de la Villa de Barillas.
La empresa empezó sus actividades sin ningún respeto por la
voluntad expresada formalmente por las comunidades y la Municipalidad de
Barillas. Por el contrario, además de intimidar con el uso de la fuerza, se
dedicó a denunciar legalmente a líderes y gentes que no querían vender sus
tierras. En 2011 la empresa contrató seguridad privada con lo que la zozobra, la
inseguridad y la confrontación fueron aumentando hasta que la población decidió
desmontar parte del cerco de la propiedad.
En enero de 2012, las nuevas autoridades municipales
convocaron a la empresa para buscar una solución a la situación, pero cinco días
después, y sin avisar, empezó a llegar la maquinaria pesada que la población
desactivó.
Viendo como se ignoraba su voluntad, las comunidades
volvieron a expresar por escrito su rechazo a la hidroeléctrica exigiendo el
respeto sus decisiones y a la legislación vigente en el manifiesto del 30 de
marzo 2012 dirigido al Alcalde y al Concejo Municipal de
Barillas.
Es decir, desde hace tres años se vive en Santa Cruz Barillas
una situación de tensión por la decisión de la empresa de llevar a cabo los
trabajos, sin respetar la voluntad de las y los vecinos, intentando manipular y
comprar las voluntades de algunos líderes e intimidando a la población con
exhibición de fuerza (armamento y explosivos)y el uso perverso del sistema de
justicia. Hechos que se denunciaron ante la Policía Nacional
Civil.
En este contexto es cuando al iniciar la feria titular del
municipio, don Andrés Francisco Miguel, don Pablo Antonio Pablo y don Esteban
Bernabé fueron emboscados cuando salían de la cabecera municipal hacia Santa
Rosa, su comunidad y les dispararon. don Andrés Francisco resultó muerto. Era
uno de los líderes comunitarios que no vendió su tierra, pese a las presiones
recibidas por la empresa Hidro Santa Cruz. En 2010, Don Andrés Francisco
interpuso una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por
persecución e intimidación de parte de la empresa.
Dado el ambiente de tensión existente, muchos pobladores
interpretaron esta ejecución como un paso más en las estrategias intimidatorias
de la empresa. El asesinato del líder comunitario, exacerbó los ánimos y produjo
una natural respuesta de indignación. Como consecuencia, 5mil personas fueron a
buscar a los miembros de la seguridad y al no hallarlos, fueron al destacamento
militar donde se rumoreaba que se escondían. A partir de ahí, se desarrollaron
los hechos públicamente conocidos en los que probablemente participaron personas
ajenas a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica.
Ante esta situación, usted, señor Presidente, decretó el
Estado de Sitio y envió 400 policías y 500 militares a ese remoto municipio. Las
detenciones y los cateos no se hicieron esperar, y las fuerzas del orden
empezaron a circular listas de sospechosos a los que buscaban. El Ministro de
Gobernación y usted mismo, Señor Presidente, negaron ante la prensa cualquier
vinculación de la muerte de don Andrés Francisco y la reacción de la población,
achacándolo a la ebriedad propia de la fiesta y después a la provocación por
parte del crimen organizado. Pese a ello, las organizaciones de Santa Cruz
Barillas denuncian que se está criminalizando la resistencia social. Nos
preocupa la situación de las personas detenidas, temiendo especialmente por las
mujeres dados los abusos contra sus vidas y cuerpos que históricamente han sido
cometidos por las fuerzas de seguridad. Con esta suspensión de las garantías
constitucionales ustedes buscan implementar en Santa Cruz Barillas un estado de
terror, argumentando la presencia de narcotráfico como una cortina de humo que
oculta el verdadero conflicto de trasfondo.
Señor presidente, nos indigna que en su gobierno se esté
profundizando la militarización, la persecución y el terror como política
pública, y el uso del Estado para la defensa de la agenda económica y de
competitividad del empresariado nacional y transnacional.
Ante estos hechos, Señor Presidente, queremos manifestarle
nuestra profunda preocupación por varios motivos:
- Los hechos de Santa Cruz Barillas no son los primeros en que, cuando la población organizada se opone a proyectos lesivos, se responde usando la fuerza y torciendo la ley de forma reiterada e impune por parte de las empresas. Y cuando se da una reacción por parte de la población, las autoridades se olvidan de estos antecedentes y se les acusa y criminaliza como “maleantes”, utilizando además toda la fuerza pública y de la ley. Así pasó en Livingston en 2008, en San Juan Sacatepéquez en 2009, en el Polochic en 2011, en Regadíos, Cunén a inicios de este año.
- En muchas comunidades de Guatemala se dan situaciones de tensión y se incrementa la conflictividad ante la presencia de empresas que imponen sus intereses impunemente, sin tener en cuenta la voluntad de los habitantes de los lugares. La impresionante participación y unanimidad de las consultas comunitarias de buena fe no puede ser desconocida bajo ninguna circunstancia por la actuales autoridades. Mucha gente se siente engañada por la falta de respeto a la voluntad colectiva expresada en las consultas.
- El recurso al Estado de Sitio no asegura que se resuelvan las causas que llevaron al hecho conflictivo, lo mismo que la presencia de brigadas militares en las áreas en pugna con los intereses comunitarios sólo asegura la “paz” de los fusiles. Los cateos, las listas negras y las detenciones arbitrarias recuerdan a los peores momentos del Estado contrainsurgente que debería haber desaparecido con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
Por eso, ante los graves hechos ocurridos en Santa Cruz
Barillas, exigimos que de forma inmediata:
- Se anule el Estado de Sitio y se reintegren las garantías constitucionales a todos los habitantes de Barillas.
- Se libere a todas las personas que están en poder de la policía y el ejército y que no se les pueda probar delito alguno.
- Se comience una investigación real y exhaustiva para dar con los responsables del asesinato de don Andrés Francisco Miguel y del ataque a don Pablo Antonio Pablo y don Esteban Bernabé.
- Se garantice la seguridad de todos los líderes hombres y mujeres y gente movilizada que ha sido denunciada y/o amenazada por la empresa Hidro Santa Cruz.
- Se asegure el respeto a la vida y los derechos humanos de todas las personas dirigentes y activistas comunitarias que en este momento son amenazadas o permanecen encarcelados por defender sus territorios.
- Se garantice la propiedad privada de las familias comunitarias por parte del Estado guatemalteco, ante las amenazas y presiones de la empresa Hidro Santa Cruz, la cual violenta los derechos de personas guatemaltecas e invade las tierras campesinas.
- Se reconozca la validez y los resultados de las consultas comunitarias llevadas a cabo en Barillas en relación a la Hidroeléctrica, y unas 61 consultas más realizadas hasta ahora en todo el país. El Convenio 169 de la OIT, el Código Municipal y la misma Constitución de la República avalan la lucha de los pueblos indígenas por defender su territorio.
- Se suspenda la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en cuenta.
- Se dé paso a un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales.
10. Que el gobierno de la República cumpla su obligación de
defender a sus ciudadanos y no a las empresas.
Guatemala, 4 de mayo de 2012
