25 de març del 2009

Organización de EEUU revela que ese país tenía reportes sobre desapariciones forzadas en Guatemala


Washington sabía que las autoridades guatemaltecas del más alto nivel estaban detrás de la desaparición de unas 45 mil personas durante la guerra, dijo la organización estadounidense Archivos de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), con base en documentos desclasificados.

Los expedientes obtenidos por NSA son reportes diplomáticos y de inteligencia de la embajada de Estados Unidos en Guatemala para el Departamento de Estado.

El investigador de la NSA, Jesse Franzblau, dijo en una entrevista telefónica desde Washington que los archivos evidencian que desapariciones como la de Fernando García, un sindicalista capturado por la policía en febrero de 1984, formaron parte de una estrategia para combatir a la insurgencia.

“Los documentos muestran que la captura de García fue una desaparición política orquestada en los más altos niveles del Gobierno guatemalteco”, refirió NSA en un boletín publicado en su sitio de internet. En el mismo se pueden ver las imágenes de los documentos desclasificados, en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB273/index2.htm.

En uno de los expedientes desclasificados, el entonces embajador estadounidense Frederic Chapin escribió que “el gobierno (de Guatemala) está obviamente capturando a personas con conexiones al movimiento de trabajadores de extrema izquierda, para interrogarlas”.

Entre los documentos publicados hay un reporte elaborado en 1986 por la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, el cual detalla cómo la desaparición forzada se institucionalizó durante el gobierno golpista de Óscar Mejía Víctores (1983-1986).

La semana antepasada, gracias a la información contenida en un vasto archivo policial guatemalteco que estuvo oculto y semiabandonado hasta 2005, fueron detenidos dos de los responsables de la captura de García, mientras otros dos están prófugos.


25 de marzo de 2009
Centro de Estudios de Guatemala (CEG)

Nota de la AAPG: Vegeu també el video sobre la intervencio de la CIA a Guatemala

CICIG propone al Congreso tipificar enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias


Carlos Castresana, jefe de la CICIG, visitó el Organismo Legislativo para presentar un segundo paquete de reformas a leyes en los que solicita se tipifiquen los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y fraude al Estado, con el propósito que en el marco penal haya mejoras que permitan castigar a funcionarios que se enriquezcan en forma ilícita.

En septiembre del 2008 fue presentada en el Legislativo una iniciativa de ley contra el enriquecimiento ilícito, la cual recibió dictamen favorable, pero tres meses después no formaba parte de las prioridades del parlamento.

Castresana resaltó la necesidad de una enmienda integral del sistema disciplinario en la justicia penal, aplicable a la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Organismo Judicial.

El paquete, que consta de cuatro ejes, promueve la tipificación del delito de tráfico ilícito de migrantes, para que se distinga de la trata de personas y se persiga penalmente a quienes lucran con esta actividad

También requiere mejoras a la Ley de Extradiciones, para definir con claridad los procedimientos y contenga normas con las que jueces puedan solicitar la cooperación jurídica internacional en materia de persecución penal.

25 de marzo de 2009
Centro de Estudios de Guatemala (CEG)

15 de març del 2009

Ganancias millonarias por explotación minera no llegan a las comunidades

Por Alejandra Álvarez. (Períodico Prensa Libre)

Habitantes de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, tienen opiniones encontradas sobre los beneficios que la mina Marlin deja a esa región. Mientras unos defienden a la empresa extractora —Montana Exploradora de Guatemala—, otros aseguran que los más de Q23 millones que ha recibido la comunidad en concepto de regalías no es nada en comparación con los más de Q4 mil millones que la compañía ha obtenido por producto comercializado, en cuatro años de operaciones.

Según el reporte anual de Goldcorp Inc, de Canadá —subsidiaria de Montana Exploradora de Guatemala—, la empresa registró en el 2008 unos US$258.1 millones en ingresos, y una ganancia en operación de US$100 millones, por la mina Marlin.

Ese año la producción alcanzó las 241 mil 400 onzas de oro, de las cuales, 241 mil 300 fueron vendidas. El precio promedio de la onza en el mercado internacional fue de US$870. Si tomamos en cuenta que a la empresa le cuesta US$191 producir cada onza, estamos hablando de una ganancia de US$679, por unidad.

Estas cifras colocaron a Marlin en la tercera posición de rentabilidad, después de las minas Alumbrera, en Catamarca, en Argentina la cual reportó US$135.3 millones de utilidad, y Red Lake, en Ontario, Canadá cuya explotación dejó US$231.5 millones de utilidad.

Rosa María De Frade, diputada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, opina que el principal beneficio que Goldcorp Inc. tiene al operar en el país es que únicamente paga el 18 por ciento —aproximado— de tasa efectiva de impuestos, mientras que en otras minas del continente pagan entre el 42 y 64 por ciento —en Canadá, 63.80 por ciento; México, 62.90; EE. UU., 45.90; y Argentina, 42.50—.

Otra de las ventajas es la variación que ha tenido el precio del oro en el mercado internacional en los últimos cuatro años: US$474.3 cuando montana inició operaciones; y US$870.2 en enero del 2009.

Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos opina que el Estado guatemalteco no está tomando en serio aspectos muy básicos y fundamentales de la problemática.

“Hablo de Estado porque no es solo el Ejecutivo. Las ventajas que se podrían obtener de esa inversión extranjera no son reales porque no son justas”, expresó.

Carlos Meany, ministro de Energía y Minas comparte la idea de que las regalías que recibe Guatemala por la operación minera son bajas. “Deberían estar entre el 4, 5, ó 6 por ciento… según el precio internacional del oro”, expresó.

El funcionario agregó que las comunidades deben ser las más beneficiadas, por lo que sugiere que sean los concejos Departamentales de Desarrollo los que reciban entre el 60 y 70 por ciento del dinero, pero que el tema debe ser ampliamente discutido, por esa razón “el Ejecutivo apoya la moratoria a la Ley de Minería”, puntualizó.

Lo que recibe el país

La Ley de Minería vigente desde 1997 establece que Montana debe pagar al Estado el 1 por ciento de las regalías del producto comercializado. De esa cantidad, el 50 por ciento se debe entregar a la municipalidad propietaria de los terrenos donde opera la mina, en este caso, San Miguel Ixtahuacán.

Nicolás Aguilar, alcalde de este municipio, afirma que esa comuna recibe cada mes entre Q900 mil y Q1 millón 50 por concepto de regalías.

Datos oficiales dan cuenta de que de noviembre del 2005 a diciembre del 2008 la mina Marlin, de Montana Exploradora, tuvo ingresos superiores a los Q4 mil 456 millones, por producto comercializado, y de éstos, el 1 por ciento —Q44 millones 561 mil— fue pagado al Estado de Guatemala, en ese mismo período.

Goldcorp Inc. reporta en su página de Internet que hasta enero del 2009 se pagaron Q294 millones 727 mil 329.69 al Estado de Guatemala, entre impuestos, regalías y aportes voluntarios a la comunidad.

Comunidad sin progreso

Prensa Libre visitó los municipios aledaños a la mina, para conocer de cerca las opiniones de los pobladores y si realmente con Marlin había llegado la prosperidad a sus habitantes.

Pero lo que se encontró fue todo lo contrario. Temor, incertidumbre, frustración, indiferencia y conformismo son algunos de los sentimientos y actitudes que trasladan los habitantes al preguntarles sobre los beneficios que han obtenido de la mina.

Los antiguos propietarios de los terrenos donde opera Marlin nunca imaginaron que sus tierras “valían oro”; por el contrario, algunos aseguran que los obligaron a venderlas, con el argumento de que no eran productivas.

Entre lágrimas, Emitelio Bámaca, de 74 años, recuerda que, en el 2004, promotores de Montana Exploradora ofrecieron Q4 mil por cuerda de terreno, además de empleo y desarrollo para la población. “Nunca nos dijeron que era oro lo que sacarían de aquí… y a algunos los obligaron a vender”, lamenta.

Cuatro años después de iniciada la explotación de metales preciosos —oro y plata— en el lugar, no todos comparten la idea de que esa industria ha dado beneficios para los campesinos que viven allí: “Aquí éramos pobres, y seguimos siendo pobres”, refirió Silvia Pérez, quien reside cerca de la mina.

“Nosotros necesitamos proyectos productivos que nos permitan trabajar cerca de nuestros hogares, porque aquí hace falta empleo”, expresó Timoteo Sánchez, alcalde comunitario de la aldea Pie de la Cuesta, Sipacapa, municipio del que los pobladores se han opuesto a trabajos de explotación, pese a que la mina solo ocupa el 13 por ciento de su territorio.

Representantes de la mina aseguran que más de mil personas laboran en la empresa, entre lugareños y de otros departamentos. Los que fueron contratados dicen estar tranquilos. “Yo no he tenido ningún problema, y lo bueno es que pagan puntual”, asegura Celestino Pérez, quien trabaja desde hace cuatro años con Montana.

Los que no lograron un empleo o fueron despedidos dicen que temen por el futuro medioambiental de la región. “Queremos saber qué pasará con todos los desechos”, expresa Manuel Ambrosio Tojil, de Sipacapa.

Los Q294.7 millones que la empresa reporta como pagados al Estado de Guatemala hasta enero del 2009 —entre Impuesto sobre la Renta, regalías y aportes a la comunidad— no son suficientes, aseguran pobladores.

De hecho, hasta hace algunos meses ni siquiera la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán estaba satisfecha con los más de Q23 millones que Montana Exploradora le ha entregado en estos años.

“Nosotros pedimos más por lo que están haciendo; por eso les presentamos un proyecto de desarrollo, y ahora entregarán Q1 millón mensual, adicional a las regalías”, explicó Nicolás Aguilar, concejal primero de esa localidad.

De cerca

Llegar a Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en vehículo, desde la cabecera de San Marcos, sigue siendo difícil, además de las advertencias de precaución de parte de algunas autoridades, por lo conflictivo de la zona. Se deben recorrer unos 60 kilómetros en camino de terracería.

Aunque la distancia es relativamente corta, el mal estado de la carretera hace que el viaje supere las tres horas. En esa ruta no hay señales de tránsito, y para seguir el camino correcto hacia la mina se debe preguntar constantemente a los pobladores.

Además, este mes el Gobierno efectúa trabajos de reparación en esas arterias, por lo que es común encontrar bloqueos y desvíos.

Los representantes de la mina recomiendan llegar a Marlin a través de la carretera Interamericana, rumbo a Huehuetenango, y cruzar en el kilómetro 241. De ese lado el viaje se lleva menos tiempo, pero la arteria también es de terracería.

En ese tramo las señales de tránsito sí son constantes, y en las comunidades que se encuentran en el camino se observan proyectos de la mina, como cocinas comunitarias en escuelas, botiquines en los centros de salud y postes de alumbrado eléctrico.

Todas esas obras están pintadas de azul y verde, e identificadas con el logo de Montana Exploradora. A un costado de cada una se observa un rótulo con los montos invertidos por la mina (Q24.2 millones en total) y por la comunidad en cada proyecto.

Sin embargo, las personas que viven a la orilla del camino insisten en que las obras no son suficientes y se quejan del constante paso de camiones y el polvo que se “alborota en el ambiente”.

En San Miguel Ixtahuacán hay un tramo de poco más de 19 kilómetros que fue asfaltado por la minera, pero según datos oficiales, eso solo supone el 2 por ciento de las carreteras del municipio.

Los terrenos que hoy son propiedad de la mina están cercados. Los que ya fueron explotados son reforestados por los trabajadores, pero eso tampoco es suficiente para los pobladores, quienes opinan que la tierra quedará contaminada por el cianuro que se utiliza para la extracción de metales preciosos.

Desde diferentes tramos de la ruta se puede observar la represa de cola —compuesta de agua, cianuro y otros desechos de la mina—, la cual se ha convertido en la principal preocupación de los vecinos, quienes cuestionan el futuro de los líquidos que en ella se depositan. “Nuestra tierra está envenenada”, lamentan.

Los representantes de la mina aseguran que una planta de tratamiento limpia el agua que en un futuro se secará, y sobre ese terreno sembrarán árboles, para reforestar el lugar. Los trabajadores, mientras tanto, afirman que no temen ningún problema posterior.

La organización Sierra Madre —creada por la minera— será la responsable de velar por el cuidado ambiental del lugar cuando termine la explotación de metales.

Casas rajadas

Más arriba de la mina, en la comunidad de Ajel, personas se han unido y denunciado en la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias locales que sus casas han afrontado daños.

Los afectados aseguran que las explosiones que efectúa la mina ocasionan sismos que dañan sus viviendas —de adobe—.

Los técnicos de la empresa lo niegan, pero más de 10 residencias tienen grietas que van del suelo al techo.

Otros lugareños dicen que sus casas no han afrontado daños, aunque reconocen que existe temor en el ambiente, por lo que las personas puedan denunciar.

“Nosotros queremos que arreglen nuestras viviendas, pero ellos no quieren”, asegura Gregoria Pérez.

La marcada división entre los habitantes de estos municipios genera confrontación que ninguna autoridad trata de resolver.

Dinero sin control

Hasta ahora, ninguna autoridad da cuenta de cómo se invierte el dinero que mes a mes el Estado capta por las operaciones de Montana Exploradora en el país.

En el 2007, funcionarios explicaron que todo se iba al fondo común, y aunque hablaron de la necesidad de legislar para que esos recursos regresaran a las comunidades aledañas al proyecto, el Congreso aún no ha alcanzado un acuerdo respecto de la Ley de Minería.

En cuanto a los más de Q23 millones entregados a la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, el vicealcalde explica que solo puede dar cuentas del dinero recibido entre enero y diciembre del 2008 —unos Q9 millones—, el cual se invirtió en maquinaria para dar mantenimiento a tramos carreteros.

“Lo que se reciba este año será invertido en nuestro proyecto de desarrollo”, aseguró.

Nueva investigación

Representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notredame de Indiana, EE. UU., iniciarán un estudio sobre los efectos que las operaciones de Montana Exploradora han tenido en San Marcos con la mina Marlin.

La investigación pretende establecer si hay un impacto ambiental negativo para la población y si ésta ha sido víctima de violaciones a sus derechos, indicó Doug Cassel, director del Centro.

La iniciativa de efectuar el estudio surge de la invitación efectuada por la Iglesia Católica de Guatemala a dicha institución internacional, con la cual se firmó un acuerdo de independencia en la investigación.

Según Cassel, el año pasado también fueron invitados por Goldcorp Inc. para efectuar la misma investigación, pero ésta fue rechazada por considerar que la empresa “no ofrecía las garantías de independencia para los resultados del informe”, expresó.

Informe

Más costos que beneficios

El informe sobre Minería de Metales y Desarrollo Sostenible en Centroamérica, una valoración de costos y beneficios, publicado en febrero por la organización OXFAM, América, concluye en que la operación minera no ha jugado un papel significativo en la economía de Guatemala, Honduras y El Salvador, y que la contribución de la industria minera en esos países debería estar balanceada con todos sus costos. Desde la perspectiva financiera, el documento señala como inconvenientes de la operación minera: volatilidad de los mercados de los bienes minerales; la minería a cielo abierto genera poco trabajo y sus ciclos son relativamente cortos; por tanto, ofrece pocas ventajas a las economías locales.

Los riesgos del entorno van desde el drenaje ácido de mina hasta las filtraciones de la presa de cola, que aunque pueden prevenirse, las mineras ignoran las reglas, asegura el informe.

La OXFAM advierte que son las comunidades más cercanas a la operación minera las que padecen las consecuencias, por lo que los trabajos deben contar con el total consentimiento de los pobladores. En el informe también se citan conclusiones de investigaciones efectuadas por instituciones como el Banco Mundial, que señalan que el desarrollo de estos recursos tiene un impacto mínimo en los esfuerzos por disminuir los índices de pobreza.

Posiciones

Nicolás Aguilar, concejal primero de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, asegura que no hay pruebas de las denuncias que pobladores del municipio han hecho en contra de la mina. Sostiene que la empresa apoya a las comunidades, aunque reconoce que las regalías deberían ser mayores.

“Estamos en resistencia ”

Timoteo Sánchez, alcalde comunitario de la aldea Pie de la Cuesta, Sipacapa, San Marcos, asegura que el desarrollo no ha llegado a las comunidades y que los pobladores tienen temor por los riesgos medioambientales de sus tierras.

Marlin

Los aportes de Montana

La mina Marlin se encuentra en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

Más explotación

Ampliarán operaciones

Goldcorp Inc. calculó en el 2004 que el proyecto Marlin tendría una duración de 13 años, durante los cuales serían sustraídas 2.1 millones de onzas de oro y 29.2 millones de onzas de plata —combinando actividad a cielo abierto y subterránea—.

Prensa Libre, 15 de marzo de 2009

CNOC repudia desalojos en comunidades


Representantes de la Comisión Ejecutiva de la CNOC (La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas), en conferencia de prensa mostraron su repudio a la política implementada por el actual gobierno al incrementar desalojos en diferentes comunidades del país con el argumento de que las comunidades están asentadas en áreas protegidas.

Los representantes de la CNOC refirieron que quienes llevan a cabo un desalojo violan los derechos fundamentales de los pobladores. Cuando la Policía Nacional Civil y el Ejército desalojan a las familias de sus tierras crean daños materiales, psicológicos y en muchas ocasiones daños físicos a quienes son desalojados sin respetar que las familias viven en el lugar años antes de que fuera aprobado el decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas.

Via Campesina. Boletín marzo 2009

14 de març del 2009

Informe sobre la situación de derechos humanos y hechos de violencia durante los meses enero y febrero 2009


Ministro de Gobernación fracasa. Se incrementa la inseguridad.
La violencia es un problema estructural, por lo tanto debe ser tratada de la misma
forma, de lo contrario no se podrán percibir las acciones que el gobierno intenta
implementar. El error de las instituciones encargadas de la seguridad ha sido que el
combate lo hacen coyunturalmente y el tema es estructural, la inseguridad en el país ha
sido un problema que ha crecido hasta volverse lo que hoy es, incontrolable.
Se ha perdido la gobernabilidad, al decir esto, no es que GAM sea fatalista o negativo
hacia las políticas que el gobierno implementa, sino que se debe poner atención a las
solicitudes de los y las guatemaltecas, todos y todas tienen derecho a que sean
respetados como seres humanos, se necesita compromiso de parte de las instituciones
estatales, además de un esfuerzo fuerte para poder recuperar la confianza perdida, de
esta forma iniciaremos con un proceso de regresarle el poder al Estado.
GAM ha notado que las acciones del nuevo Ministro de Gobernación no han provocado
un cambio substancial en lo que se refiere a seguridad y esto se muestra en las
estadísticas elevadísimas que se reportan en los 2 primeros meses del año 2009. Es
importante que los funcionarios públicos tomen con plena responsabilidad las críticas
que se realizan, puesto que estas se hacen con el ánimo de mejorar la gestión que
realizan.
Otro aspecto importante que se trata dentro de este informe, es la forma terrible en que
ha sido afectado el Organismo Judicial y la corrupción que ha carcomido lentamente a
esta institución encargada de impartir justicia.

Vegeu l'informe sencer

Grupo de Apoyo Mútuo (GAM). Març de 2009

8 de març del 2009

Mujeres marchan para conmemorar su Día


Políticas públicas encaminadas a atender las necesidades de las féminas, un alto a los asesinatos de mujeres, acceso a los servicio de salud, educación y participación, fueron las principales demandas realizadas por mujeres de CONAVIGUA, CNOC, CONIC Y CUC, organizaciones integrantes de la Vía Campesina, quienes marcharon el pasado ocho de marzo en conmemoración del día Internacional de la Mujer. A través de consignas y pancartas también exigieron a entes de gobierno atender de forma integral a través de programas agrícolas a las mujeres indígenas y campesinas de Guatemala.

Via Campesina. Boletín marzo 2009

2 de març del 2009

¿Por qué el clamor popular exige “Fuera Unión FENOSA”?


En los dos meses pasados, la lucha por la nacionalización de los servicios de energía eléctrica ha cobrado fuerza a lo largo y ancho del país. Esto no es producto de la casualidad ni obedece a razones antojadizas. Las organizaciones populares, al demandar la expulsión de Unión FENOSA, sintetizan en esa consigna generalizada el malestar acumulado tras una década de atropellos, de abusos y de ilegalidades cometidos siempre en perjuicio exclusivo del pueblo.

Desde que, en 1998, el Estado privatizó la distribución de la energía eléctrica entregándosela a las empresas transnacionales españolas Unión FENOSA e IBERDROLA, el servicio de electricidad se ha convertido, de manera acelerada, en un problema que cada vez pesa más sobre los hombros del pueblo. Varios hechos concretos se bastan para constatar, de manera incuestionable, que la razón asiste al pueblo y a sus legítimas organizaciones y que, por ende, todos los ciudadanos y ciudadanas que han elevado sus voces tienen pleno derecho de hacerlo:

A.- Primero, fue la venta de la distribución de la energía eléctrica o, si queremos ser más precisos, de la privatización de la distribución de la electricidad. Ya desde ese punto se inicia el saqueo de la riqueza nacional.

En el momento mismo de la venta de los activos del INDE a estas empresas extranjeras, hace ya diez años, el pueblo perdió US$ 149 millones, que fueron a parar al bolsillo de estos codiciosos empresarios españoles. Lo que el INDE les vendió (que es patrimonio del pueblo), tenía un valor de US$ 250 millones y se los vendió en sólo US$ 101 millones. Equivale a que cada ciudadano, incluidos los niños y niñas, hubiera donado la suma de US$ 13.5 a los españoles dueños de estas empresas. Es decir, regalamos, sin ser nunca consultados, la suma de Q101 por persona. Una familia de 5 miembros les regaló, de manera inconsulta y sin saberlo siquiera, ni más ni menos que Q 505,00.

Con esa venta, el Estado dio inicio a un acelerado e ininterrumpido proceso de privatización del INDE, con lo cual el país hace entrega de su soberanía energética a manos de codiciosas empresas extranjeras, que cuentan con la complicidad de autoridades locales y de empresarios nacionales, los cuales se las agencian para quedarse con una tajada de este inmenso pastel.

B.- Luego, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, se inventan el VAD, Valor Agregado de Distribución, concepto que antes no existía en las tarifas eléctricas porque el INDE es una institución pública sin fines de lucro y el VAD no es otra cosa más que el nombre técnico bajo el cual las transnacionales procuran disimular sus ganancias. Las empresas españolas, codo a codo con los integrantes de la CNEE, optan por utilizar un retorcido lenguaje técnico que les permite tirar la piedra y esconder la mano.

A efectos de justificar el VAD, en la Ley General de Electricidad se agregan artículos del todo incomprensibles, como el 71, el 72 y el 73, todavía vigentes a esta fecha, en los que se afirma lo siguiente:

“Artículo 71.- …El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada.

Artículo 72.- El VAD deberá contemplar al menos las siguientes componentes básicas:

a.- Costos asociados al usuario, independiente de su demanda de potencia y energía;
b.- Pérdidas medias de distribución, separadas en sus componentes de potencia y energía;
c.- Costos de capital, operación y mantenimiento asociados a la distribución, expresados por unidad de potencia suministrada.

Artículo 73.- El costo de capital por unidad de potencia se calculará como la anualidad constante de costo de capital correspondiente al Valor Nuevo de Reemplazo de una red de distribución dimensionada económicamente. La anualidad será calculada con la vida útil típica de instalaciones de distribución y la tasa de actualización que se utilice en el cálculo de las tarifas. El costo de operación y mantenimiento corresponderá al de una gestión eficiente de la red de distribución de referencia”.

Con semejante galimatías tecnocrático o cantinflesco, (que si no fuera trágico en sus efectos, hasta risa daría), tanto las empresas extranjeras como la propia CNEE procuran darle sustento técnico a las ganancias y buscan que nadie comprenda que este VAD no es otra cosa más que un bien diseñado instrumento para esquilmar al pueblo. En otras palabras ni más ni menos que su “GANACIA”. (VAD podría entenderse como iniciales de “Vamos A Despojarolos”)

La creación del VAD significó, en cifras concretas, que IBERDROLA cobrara, por concepto de ganancia, alrededor de US$ 140 millones anuales y Unión FENOSA cerca de US$ 260 millones. Entre ambas le esquilman al pueblo US$ 400 millones, que al final salen de los bolsillos de cada familia consumidora. Eso equivale a US$ 33 por ciudadano, niños incluidos. Es decir, una media de Q247 anuales por persona. Siguiendo el ejemplo anterior, a una familia de 5 personas le habrían cobrado la cifra de Q1,235 de ganancia ilegal, año tras año.

C.- En Noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad determinó que el VAD es ilegal y ordenó, de manera clara y concreta, tres cosas:
· la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;
· la devolución a todos los usuarios de los cobros ilegales que estas empresas habían recaudado, y;
· la suspensión inmediata de los cobros ilegales.

De estos tres mandatos emitidos por la autoridad superior del país en materia judicial solamente se cumplió el primero. A nadie se le reintegró ni un centavo de los que, durante cuatro años, habían cobrado de más, y lo peor es que, hasta la fecha, siguen cobrando el VAD. Hasta la fecha han cobrado, pues, diez años de facturas ilegales. 120 meses de facturas ilegales. Esto supone alrededor de Q 2,470 robados a cada habitante del país, incluidos los menores de edad. A una familia de 5 miembros le habrían robado, en este período, cerca de Q12,350.

En síntesis, estas empresas extranjeras, con tal de continuar robando sin límites, se toman la libertad de desatender mandatos judiciales emitidos por la propia Corte de Constitucionalidad, es decir, de colocarse en desacato y desafiar abiertamente el orden jurídico vigente.

Entre tanto, las autoridades de cuatro Gobiernos consecutivos (Arzú, Portillo, Berger y Colom), testigos mudos de este multimillonario latrocinio, hacen lo de los monitos de la famosa caricatura: no ven, no escuchan y no hablan.

¿Qué le pasaría a cualquier ciudadano o grupo proveniente de los sectores populares si se declara en desacato de la Ley? La respuesta a esta pregunta la encontramos en los hechos recientes: les cae sobre sus hombros el peso de la represión, como aconteció en Malacatán el pasado 25 de Diciembre y, si fuera preciso, desde el Estado se les suspenden sus garantías constitucionales, como ha ocurrido en San Juan Sacatepéquez, en Izabal y en Coatepeque.

Pero a las empresas extranjeras y a sus socios locales no les pasa nada, absolutamente nada. Operan, roban, esquilman, estafan rodeadas de absoluta impunidad.

D.- En Febrero del 2008, el actual Gobierno decreta una rebaja en la Tarifa Social. El techo de cobertura lo reducen de 300 kwh a 100 kwh, con lo cual quedan desprotegidas cerca de 660 mil familias en todo el país. Si asumimos que en Guatemala la familia promedio es de cinco miembros, entonces esta medida afecta a alrededor de 3 millones 300 mil habitantes, todos pertenecientes a los sectores populares.

Esta rebaja significó que el subsidio que daba el INDE por concepto de tarifa social se recortó de 762 millones a 360 millones, con lo cual 402 millones pasaron a ser pagados por los consumidores. Quienes cobran en sus facturas esos millones son Unión FENOSA e IBERDROLA, que resultan así las grandes ganadoras de esta reducción de los derechos del pueblo. Implica que a 660 mil familias estas empresas les cobrarán una extra de Q610 anuales.

Esta reducción en el techo de la Tarifa Social al final se traduce en mayores penas para las familias consumidoras de energía eléctrica. Las obliga, sobre todo, a reducir sus gastos en alimentación con tal de que no les corten la luz. Con ello, esta política contribuye a la multiplicación de la desnutrición crónica entre los niños y niñas del país y, paralelamente, agudiza la crisis que afecta a los sectores populares.

F.- El colmo ocurre el pasado mes de Enero del 2009, hace apenas un mes, cuando estas empresas extranjeras tienen el descaro de acusar a Guatemala en tribunales internacionales, amparadas en el TLC, bajo el argumento de que el Gobierno no las deja ganar lo que les da la gana. Esta acusación puede obligar al Gobierno a pagarles una fuerte indemnización y, peor aún, a dejarlas subir el VAD hasta donde su ilimitada codicia les mandate.

Se trata, pues, de que Unión FENOSA e IBERDROLA, tras que deben, cobran. Semejante desfachatez resulta realmente inaudita. Tratándose de empresas cuya sede reside en España, acuden al TLC con Estados Unidos para demandar al país. Y lo hacen porque una de sus empresas asociadas, llamada Teco Energy, tiene su asiento en Miami y, como tal, puede ampararse en ese nefasto Tratado. Es decir, se las agencian para manipular incluso el ámbito jurídico internacional y acomodarlo a sus codicias.

G.- A lo anterior deben agregarse las prácticas ilegales en las que de manera constante incurren estas empresas extranjeras al cobrar multas para las cuales no están facultadas, alterar medidores, facturar servicios inexistentes, amenazar con cortes de servicio, etc.

No es la primera vez, ni la única, en que el pueblo ha denunciado esto o ha hecho sus reclamos, siempre en el marco de la ley. Desde hace años existen numerosas denuncias a las cuales las autoridades han dicho que resolverán pero no se ha concretado en nada. Promesa tras promesa, mesa de diálogo va y viene y el abuso sigue a toda velocidad.

Las empresas españolas se ríen en nuestras caras, mientras las autoridades que debieran defender nuestros derechos miran hacia otro lado y algunas quizá hasta recibiendo sobornos. Pues hemos dicho basta ya, la paciencia tiene un límite; nuestra dignidad y nuestro bolsillo no aguanta más.

H.- Por si lo anterior fuera poco, el actual Gobierno anuncia su política de incrementar la producción de energía eléctrica mediante la autorización para la construcción de cinco plantas generadoras privadas que operarán a partir de carbón mineral. Ya dos de estas se están construyendo en Escuintla, con un costo, entre ambas, de US$ 800 millones, los cuales, al final, sin lugar a dudas terminaremos pagándolos las familias consumidoras, mas la ganancia que las empresas extranjeras quieran sacarle.

Considérese, además, que en Guatemala no existen yacimientos de carbón mineral. Por lo tanto, supeditar la generación energética a la disponibilidad de este producto implica subordinar al país al precio internacional del carbón. Si éste sube, sube el recibo de cada familia en el país.

Autorizar desde el Gobierno la instalación de plantas generadoras privadas implica, inexorablemente, la condena a muerte para el INDE, cuya participación en el tema de la energía se verá cada vez más reducida.

Pero lo peor de producir electricidad a partir de la quema del carbón reside en el hecho de que este proceso es altamente contaminante. Los deshechos inyectan a la atmósfera miles de libras de químicos tóxicos, que se condensan en las nubes y bajan sobre las personas y sobre la tierra en forma de lluvia ácida. Eso implica envenenar los suelos de cultivo y el aire que respiramos.

En vista de todo lo anterior, demandamos de las autoridades del Estado lo siguiente:

1.- La inmediata nacionalización de la distribución, transporte y generación de la energía eléctrica, retornándosele al INDE las plenas funciones para la cual existe y para cuyo cumplimiento fue creado.

2.- La declaratoria de que Unión FENOSA e IBERDROLA son lesivas para el interés nacional y, por lo tanto, se les debe expulsar del país, por cuanto:

· Estafaron al pueblo al momento de la compra de los activos del INDE.
· Han incumplido con lo que la Ley les mandata, incluidos los fallos de la propia Corte de Constitucionalidad.
· Han robado al pueblo de manera continua durante 10 años.
· Han abusado de las facultades que les confiere la Ley.
· Han acusado penalmente al país que les abrió las puertas y que los recibió en su suelo.

3.- Que antes de irse del país estas empresas paguen a Guatemala los montos que se han robado a lo largo de 10 años de latrocinio indiscriminado.

4.- La creación de empresas municipales de energía eléctrica que administren la distribución de este servicio público, en las cuales se abran espacios para el ejercicio pleno de la verdadera participación ciudadana.

5.- La inmediata reforma a la Ley General de Electricidad, de manera que en su letra quede claramente explicitado el espíritu de cada una de estas demandas anteriores.

Por otra parte, la nacionalización de la energía debe concebirse y aplicarse de manera tal que, como país, no sustituyamos un ladrón extranjero por otro nacional. De ser así, poco se avanzaría en términos del respeto a los derechos del pueblo. Es al Estado y a sus instituciones a quienes les corresponde la obligación de suministrar a la población servicios eléctricos suficientes, de calidad y de bajo costo. Y estas tareas, además, deben realizarse sometidas a control social.

En la Ley General de Electricidad que se proponga, por lo tanto, deben concebirse y plasmarse mecanismos ágiles y permanentes que le permitan a la población y a sus legítimas organizaciones el ejercicio pleno tanto de la incidencia política como de la auditoría social.

Hoy el pueblo está en lucha por expulsar del país a los émulos de Pedro de Alvarado quienes, al igual que hace 500 años, vienen a Guatemala con el único propósito de robarnos nuestro oro a cambio de cuentas de vidrio. Y, en esa lucha, venceremos.

Debemos sacar del país a esa gavilla de desalmados que, durante diez años, no han hecho otra cosa más que violar las leyes para saquear impunemente los bolsillos del pueblo.

¡Fuera Unión Fenosa e IBERDROLA!

¡Por la nacionalización de la energía!

¡La Lucha Sigue!

2 de marzo de 2009
Frente Nacional de Lucha
(FNL) - www.estamosdefrente.blogspot.com