
26 d’abril del 2010
14 d’abril del 2010
Amenazas de Muerte contra dirigentes en fincas de COBIGUA-CHIQUITA
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- A través de su Consejo político integrado por CCDA, CGTG, CNAICP, CUSG, FNL y UNSITRAGUA
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA DIRIGENTES EN FINCAS DE COBIGUA-CHIQUITA EN GUATEMALA
1. El MSICG hace del conocimiento público que los trabajadores afiliados a los seis sindicatos de trabajadores existentes en las nueve fincas que trabajan para la empresa COBIGUA, subsidiaria de la multinacional frutera Chiquita, afiliados a UNSITRAGUA y al MSICG, CONTINUAN EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS SINDICALES Y DE RESISTENCIA, AMPARADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, HASTA QUE LA EMPRESA COBIGUA Y CHIQUITA PARTES EMPLEADORAS NO SE SUJETEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL PAÍS EN MATERIA LABORAL Y SINDICAL.
2. En una negativa rotunda a cumplir con las leyes del país Y LOS DERECHOS MÁS ELEMENTALES DE LOS TRABAJADORES la empresa COBIGUA-CHIQUITA ha insinuado a los trabajadores que cerrará sus centros de trabajo si no se sujetan a continuar laborando y asumen la total violación a sus derechos laborales y sindicales.
3. No bastando lo anterior desde el día de ayer, 5 de abril del año 2010, justo cuando los compañeros empezaron las acciones, hombres desconocidos empezaron a dirigir amenazas de muerte contra el compañero LEONEL PEREZ LARA, miembro de la Junta de Coordinadores de UNSITRAGUA y del Consejo Político del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG- del cual UNSITRAGUA es parte.
4. Como lo denunciamos el día de ayer, 5 de abril del año 2010, dos hombres desconocidos se presentaron a la casa del compañero manifestando lo siguiente: “Esta Leo”, al indicar los miembros de la casa que él no estaba, los hombres reafirmaron “como que no, si es el dirigente sindical lo que no sabemos es si es presidente o Secretario del Sindicato Taylor Presa, será que nos puede proporcionar el número de teléfono porque lo vamos a llamar para ver si va a seguir vendiendo tarjetas”. Luego de esto, se retiraron. Es importante aclarar que incidentes como este nunca se dieron antes y que el compañero Leonel nunca ha venido tarjetas de ningún tipo. Pese a que a los individuos se les dio el número de teléfono del compañero Leonel estos nunca le llamaron.
5. El día de hoy, 6 de abril de 2010, en el transcurso de la mañana, dos hombres desconocidos abordaron un bus del transporte urbano en donde habitualmente se trasladan las personas que habitan en la cercanía de dónde vive el compañero Leonel Pérez Lara y durante el trayecto, en voz alta, a manera de ser escuchados y sabiendo de que en dicho bus viajaban personas cercanas al compañero Leonel Pérez Lara y otros trabajadores de la finca, manifestaron: “La situación en las fincas bananeras esta dura pero el primer dirigente sindical que se tiene que ir es un gordito moreno que vive en la colonia Nueva…” Haciendo alusión al compañero Leonel Pérez Lara y a la Colonia Nueva Esperanza.
6. Los hechos ocurridos el 5 de abril del año 2010 ya fueron denunciados ante la Policía Nacional Civil de Puerto Barrios, que se negó a entregar copia del parte policíaco al compañero en tanto que, los ocurridos el día de hoy, 6 de abril del 2010, no pudieron ser denunciados en virtud que al presentarse el Compañero Leonel Pérez Lara al Ministerio Público, personal del mismo le indicó que, por no ser horario hábil de trabajo, no le podían tomar su denuncia y que regresara otro día en horario hábil.
7. En este sentido reiteramos que responsabilizamos al Estado de Guatemala y a COBIGUA-CHIQUITA de cualquier acto de violencia o vejámen que pudieran sufrir los compañeros al mismo tiempo que insistimos en denunciar la total pasividad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ante las graves violaciones a los derechos sindicales y laborales de las que desde hace mucho tiempo tiene conocimiento y en las cuales se ha negado a intervenir.
8. El MSICG continuará haciendo las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos, como lo ha venido haciendo , para denunciar AL ESTADO DE GUATEMALA, EN EL MARCO DEL CAFTA POR las graves violaciones a los derechos sindicales y laborales acaecidas en las fincas BANANERAS de COBIGUA-CHIQUITA HASTA EN TANTO ESTAS EMPRESAS NO CUMPLAN CON LAS LEYES VIGENTES EN EL PAÍS. Esta denuncia también está siendo promovida contra las empresas DEL MONTE Y PRODUCTORES NACIONALES QUE PROVEEN DE FRUTA A LAS MULTINACIONALES CHIQUITA, DEL MONTE Y DOLE EN GUATEMALA.
9. A los compañeros y compañeras a nivel internacional solicitamos hacer llegar cartas de protesta a los representantes de CHIQUITA, al Presidente de la República, Ministro de trabajo y previsión social y otros funcionarios públicos responsables de esta situación.
10. A todas las trabajadoras y trabajadores a nivel mundial, en su doble papel de productores de riqueza y consumidores, les solicitamos revisar sus hábitos de consumo e incluir en los mismos, medidas afirmativas del comercio justo.
Guatemala, 6 de abril de 2010.
CONSEJO POLÍTICO MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA DIRIGENTES EN FINCAS DE COBIGUA-CHIQUITA EN GUATEMALA
1. El MSICG hace del conocimiento público que los trabajadores afiliados a los seis sindicatos de trabajadores existentes en las nueve fincas que trabajan para la empresa COBIGUA, subsidiaria de la multinacional frutera Chiquita, afiliados a UNSITRAGUA y al MSICG, CONTINUAN EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS SINDICALES Y DE RESISTENCIA, AMPARADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, HASTA QUE LA EMPRESA COBIGUA Y CHIQUITA PARTES EMPLEADORAS NO SE SUJETEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL PAÍS EN MATERIA LABORAL Y SINDICAL.
2. En una negativa rotunda a cumplir con las leyes del país Y LOS DERECHOS MÁS ELEMENTALES DE LOS TRABAJADORES la empresa COBIGUA-CHIQUITA ha insinuado a los trabajadores que cerrará sus centros de trabajo si no se sujetan a continuar laborando y asumen la total violación a sus derechos laborales y sindicales.
3. No bastando lo anterior desde el día de ayer, 5 de abril del año 2010, justo cuando los compañeros empezaron las acciones, hombres desconocidos empezaron a dirigir amenazas de muerte contra el compañero LEONEL PEREZ LARA, miembro de la Junta de Coordinadores de UNSITRAGUA y del Consejo Político del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG- del cual UNSITRAGUA es parte.
4. Como lo denunciamos el día de ayer, 5 de abril del año 2010, dos hombres desconocidos se presentaron a la casa del compañero manifestando lo siguiente: “Esta Leo”, al indicar los miembros de la casa que él no estaba, los hombres reafirmaron “como que no, si es el dirigente sindical lo que no sabemos es si es presidente o Secretario del Sindicato Taylor Presa, será que nos puede proporcionar el número de teléfono porque lo vamos a llamar para ver si va a seguir vendiendo tarjetas”. Luego de esto, se retiraron. Es importante aclarar que incidentes como este nunca se dieron antes y que el compañero Leonel nunca ha venido tarjetas de ningún tipo. Pese a que a los individuos se les dio el número de teléfono del compañero Leonel estos nunca le llamaron.
5. El día de hoy, 6 de abril de 2010, en el transcurso de la mañana, dos hombres desconocidos abordaron un bus del transporte urbano en donde habitualmente se trasladan las personas que habitan en la cercanía de dónde vive el compañero Leonel Pérez Lara y durante el trayecto, en voz alta, a manera de ser escuchados y sabiendo de que en dicho bus viajaban personas cercanas al compañero Leonel Pérez Lara y otros trabajadores de la finca, manifestaron: “La situación en las fincas bananeras esta dura pero el primer dirigente sindical que se tiene que ir es un gordito moreno que vive en la colonia Nueva…” Haciendo alusión al compañero Leonel Pérez Lara y a la Colonia Nueva Esperanza.
6. Los hechos ocurridos el 5 de abril del año 2010 ya fueron denunciados ante la Policía Nacional Civil de Puerto Barrios, que se negó a entregar copia del parte policíaco al compañero en tanto que, los ocurridos el día de hoy, 6 de abril del 2010, no pudieron ser denunciados en virtud que al presentarse el Compañero Leonel Pérez Lara al Ministerio Público, personal del mismo le indicó que, por no ser horario hábil de trabajo, no le podían tomar su denuncia y que regresara otro día en horario hábil.
7. En este sentido reiteramos que responsabilizamos al Estado de Guatemala y a COBIGUA-CHIQUITA de cualquier acto de violencia o vejámen que pudieran sufrir los compañeros al mismo tiempo que insistimos en denunciar la total pasividad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ante las graves violaciones a los derechos sindicales y laborales de las que desde hace mucho tiempo tiene conocimiento y en las cuales se ha negado a intervenir.
8. El MSICG continuará haciendo las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos, como lo ha venido haciendo , para denunciar AL ESTADO DE GUATEMALA, EN EL MARCO DEL CAFTA POR las graves violaciones a los derechos sindicales y laborales acaecidas en las fincas BANANERAS de COBIGUA-CHIQUITA HASTA EN TANTO ESTAS EMPRESAS NO CUMPLAN CON LAS LEYES VIGENTES EN EL PAÍS. Esta denuncia también está siendo promovida contra las empresas DEL MONTE Y PRODUCTORES NACIONALES QUE PROVEEN DE FRUTA A LAS MULTINACIONALES CHIQUITA, DEL MONTE Y DOLE EN GUATEMALA.
9. A los compañeros y compañeras a nivel internacional solicitamos hacer llegar cartas de protesta a los representantes de CHIQUITA, al Presidente de la República, Ministro de trabajo y previsión social y otros funcionarios públicos responsables de esta situación.
10. A todas las trabajadoras y trabajadores a nivel mundial, en su doble papel de productores de riqueza y consumidores, les solicitamos revisar sus hábitos de consumo e incluir en los mismos, medidas afirmativas del comercio justo.
Guatemala, 6 de abril de 2010.
CONSEJO POLÍTICO MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG
12 d’abril del 2010
Crisis en El Estor, Izabal
Cuatro niños mueren de hambre en El Estor
La irresponsabilidad del Gobierno provoca este nuevo luto
Desde Septiembre del año pasado el Frente Nacional de Lucha, de manera formal, por múltiples vías y en decenas de ocasiones, ha venido insistiendo ante la Instancia de Consulta y Participación Social, INCOPAS, ante la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN y ante el Ministerio de Salud, respecto a la crítica situación que, en materia alimentaria y de salud, padecen los vecinos de la Comunidad Nuevo Amanecer, en el Municipio de El Estor, Departamento de Izabal, justo en el corazón de lo que hoy las autoridades han dado a llamar el “Corredor Seco”.
Se ha dado la alerta, se han formulado propuestas para atender la emergencia, se han presentado solicitudes escritas, se han entregado listados de cada una de las familias residentes en la Comunidad, se han atendido docenas de reuniones específicas para tratar el tema con estas instituciones, pero todos los esfuerzos emprendidos han sido en vano. Un muro de burocracia, de apatía y de cálculos politiqueros e inhumanos se ha levantado, imbatible, ante todos y cada uno de los esfuerzos realizados.
Desde Septiembre, es decir, hace ya casi ocho meses, el delegado del movimiento sindical ante la INCOPAS, compañero Luis Ovidio Ortiz, ha insistido, tercamente, en que las instituciones del Estado deben intervenir allí con carácter de urgencia. En respuesta, los funcionarios públicos de las instituciones mencionadas lo han tenido del tingo al tango, refiriéndolo de una oficina a otra, y cada una lavándose tranquilamente las manos, en el más puro estilo de Poncio Pilatos. Al final, todo lo actuado ha caído en oídos sordos.
Hoy, esa descomunal irresponsabilidad de las instituciones del Estado ha costado ya la vida de cuatro menores de la Comunidad Nuevo Amanecer: Sonia Flor Ical Choc, de 3 años; Norma Asucena Tut Chiquín, de 1 año; Rosario Tut Ical, de 9 años, fallecieron a principios de Abril, y se suma un cuarto niño, cuyo nombre no tenemos, que murió el pasado 8 de Abril.
La muerte de estos niños ha sido largamente anunciadas y pudo perfectamente prevenirse.
Es probable que la causa oficial de la muerte sea alguna enfermedad curable. Pero el verdadero responsable es el Gobierno y las instituciones que se negaron a atender la situación de crisis que pesa sobre los hombros de los vecinos de El Estor y de otras comunidades a lo largo y ancho del país.
El dirigente comunal de Nuevo Amanecer, al informarnos sobre los tristes hechos ocurridos, indicó que los menores presentaron un cuadro de fiebre, diarrea y vómitos antes de fallecer. Esos síntomas pueden corresponder a una amplia gama de enfermedades, la mayoría fácilmente tratables.
Sin embargo, dados los antecedentes, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que estas muertes encuentran, como causas generadoras principales, las siguientes:
Inseguridad alimentaria y la consecuente desnutrición crónica, de las que se derivan estados de alta vulnerabilidad ante la presencia de cualquier dolencia, sobre todo entre la población infantil.
Inasistencia médica por parte del Ministerio de Salud, institución pública responsable de garantizar el acceso a la salud por parte del pueblo, que no ha hecho ni el menor esfuerzo por intervenir, a pesar de los constantes llamados que se le vienen planteando desde Septiembre del 2009.
Ineficiencia, incapacidad, desinterés y falta absoluta de sentido humano por parte de la INCOPAS y de la SESAN, quienes tuvieron conocimiento del tema desde hace ocho meses y no movieron un dedo para cumplir con las funciones para las que estas instituciones fueron creadas.
Politiquería barata por parte del Gobierno, que se niega a atender cualquier caso sobre el cual la UNE no tenga control político, asumiendo así, como guía para su quehacer, el cálculo electoral más crudo e inhumano.
Presencia en el Gabinete de un Ministro de Salud incapaz no sólo de cara al ejercicio de su cargo sino, además, insensible ante las necesidades y demandas que emanan desde el seno del pueblo en función de sus necesidades apremiantes.
La muerte de estos cuatro menores, entonces, no es causada por la gripe, el dengue ni el rotavirus. Es, sobre todo, una flagrante y criminal violación al derecho humano a la salud, así como al derecho, también humano, a la seguridad alimentaria. Los responsables de estas muertes son aquellos que, pudiendo haber intervenido a tiempo, más bien optaron por violar esos derechos.
Ayer mismo el Presidente Colom y su esposa estuvieron presentes en un “Gobernando con la Gente” en Izabal, pero no dijeron ni media palabra sobre lo que está aconteciendo en El Estor, a pesar de que conocían de sobra lo acontecido. Este silencio los vuelve cómplices, porque, como con sabiduría lo afirma el refranero popular, “quien calla, otorga”.
Las organizaciones populares y el pueblo, en su conjunto, no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante semejante irresponsabilidad criminal.
Bien sabido es que vienen ya los tiempos más difíciles: Abril, Mayo y Junio, en los que ya a las familias se les han agotado sus reservas de alimentos, en los que el agua escasea de manera dramática, en los que la hambruna se vuelve compañera cotidiana de las comunidades enteras. Tanto así que, en el hoy llamado “Corredor Seco”, a este período la gente le dice “los meses de la muerte”, y suelen afirmar que, si alguien, sobre todo los niños, logran sobrevivir a estos meses, pues ya se ganó un año más de vida, hasta que llegue el próximo período similar.
El Gobierno ha recibido millones de dólares de cooperación internacional destinados a la atención de la hambruna. Por lo pronto, se han invertido en programas clientelistas, concebidos de cara a la captura de votantes para la próxima contienda electoral.
Ya es hora de que se administren para cumplir con los fines para los cuales fueron presupuestados: Responder a las necesidades alimentarias del pueblo.
Instamos a las agencias y organismos de cooperación internacional a que ejerzan fiscalización efectiva para que los fondos que donan no se desvíen de los destinos para los cuales fueron donados porque, si ello ocurriera, (como de hecho ocurre), estarían, entonces, más bien contribuyendo a profundizar la corrupción y la venalidad imperantes.
Desde el FNL señalamos a las autoridades de Gobierno como responsables de estas muertes, debido a su incompetencia manifiesta.
Exigimos de la INCOPAS y de la SESAN un funcionamiento adecuado, oportuno, eficiente, acorde al mandato para cuyo cumplimiento existen.
Reclamamos la apertura de espacios reales para el ejercicio de la incidencia política y de la auditoría social desde el seno de las legítimas organizaciones populares.
Demandamos del Presidente de la República la remoción del Ministro de Salud, por haber demostrado su absoluta incapacidad para honrar la cartera que equivocadamente fue puesta a su cargo.
La muerte de estos niños no puede ser en vano.
¡La Lucha Sigue!
Frente Nacional de Lucha
La irresponsabilidad del Gobierno provoca este nuevo luto
Desde Septiembre del año pasado el Frente Nacional de Lucha, de manera formal, por múltiples vías y en decenas de ocasiones, ha venido insistiendo ante la Instancia de Consulta y Participación Social, INCOPAS, ante la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN y ante el Ministerio de Salud, respecto a la crítica situación que, en materia alimentaria y de salud, padecen los vecinos de la Comunidad Nuevo Amanecer, en el Municipio de El Estor, Departamento de Izabal, justo en el corazón de lo que hoy las autoridades han dado a llamar el “Corredor Seco”.
Se ha dado la alerta, se han formulado propuestas para atender la emergencia, se han presentado solicitudes escritas, se han entregado listados de cada una de las familias residentes en la Comunidad, se han atendido docenas de reuniones específicas para tratar el tema con estas instituciones, pero todos los esfuerzos emprendidos han sido en vano. Un muro de burocracia, de apatía y de cálculos politiqueros e inhumanos se ha levantado, imbatible, ante todos y cada uno de los esfuerzos realizados.
Desde Septiembre, es decir, hace ya casi ocho meses, el delegado del movimiento sindical ante la INCOPAS, compañero Luis Ovidio Ortiz, ha insistido, tercamente, en que las instituciones del Estado deben intervenir allí con carácter de urgencia. En respuesta, los funcionarios públicos de las instituciones mencionadas lo han tenido del tingo al tango, refiriéndolo de una oficina a otra, y cada una lavándose tranquilamente las manos, en el más puro estilo de Poncio Pilatos. Al final, todo lo actuado ha caído en oídos sordos.
Hoy, esa descomunal irresponsabilidad de las instituciones del Estado ha costado ya la vida de cuatro menores de la Comunidad Nuevo Amanecer: Sonia Flor Ical Choc, de 3 años; Norma Asucena Tut Chiquín, de 1 año; Rosario Tut Ical, de 9 años, fallecieron a principios de Abril, y se suma un cuarto niño, cuyo nombre no tenemos, que murió el pasado 8 de Abril.
La muerte de estos niños ha sido largamente anunciadas y pudo perfectamente prevenirse.
Es probable que la causa oficial de la muerte sea alguna enfermedad curable. Pero el verdadero responsable es el Gobierno y las instituciones que se negaron a atender la situación de crisis que pesa sobre los hombros de los vecinos de El Estor y de otras comunidades a lo largo y ancho del país.
El dirigente comunal de Nuevo Amanecer, al informarnos sobre los tristes hechos ocurridos, indicó que los menores presentaron un cuadro de fiebre, diarrea y vómitos antes de fallecer. Esos síntomas pueden corresponder a una amplia gama de enfermedades, la mayoría fácilmente tratables.
Sin embargo, dados los antecedentes, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que estas muertes encuentran, como causas generadoras principales, las siguientes:
Inseguridad alimentaria y la consecuente desnutrición crónica, de las que se derivan estados de alta vulnerabilidad ante la presencia de cualquier dolencia, sobre todo entre la población infantil.
Inasistencia médica por parte del Ministerio de Salud, institución pública responsable de garantizar el acceso a la salud por parte del pueblo, que no ha hecho ni el menor esfuerzo por intervenir, a pesar de los constantes llamados que se le vienen planteando desde Septiembre del 2009.
Ineficiencia, incapacidad, desinterés y falta absoluta de sentido humano por parte de la INCOPAS y de la SESAN, quienes tuvieron conocimiento del tema desde hace ocho meses y no movieron un dedo para cumplir con las funciones para las que estas instituciones fueron creadas.
Politiquería barata por parte del Gobierno, que se niega a atender cualquier caso sobre el cual la UNE no tenga control político, asumiendo así, como guía para su quehacer, el cálculo electoral más crudo e inhumano.
Presencia en el Gabinete de un Ministro de Salud incapaz no sólo de cara al ejercicio de su cargo sino, además, insensible ante las necesidades y demandas que emanan desde el seno del pueblo en función de sus necesidades apremiantes.
La muerte de estos cuatro menores, entonces, no es causada por la gripe, el dengue ni el rotavirus. Es, sobre todo, una flagrante y criminal violación al derecho humano a la salud, así como al derecho, también humano, a la seguridad alimentaria. Los responsables de estas muertes son aquellos que, pudiendo haber intervenido a tiempo, más bien optaron por violar esos derechos.
Ayer mismo el Presidente Colom y su esposa estuvieron presentes en un “Gobernando con la Gente” en Izabal, pero no dijeron ni media palabra sobre lo que está aconteciendo en El Estor, a pesar de que conocían de sobra lo acontecido. Este silencio los vuelve cómplices, porque, como con sabiduría lo afirma el refranero popular, “quien calla, otorga”.
Las organizaciones populares y el pueblo, en su conjunto, no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante semejante irresponsabilidad criminal.
Bien sabido es que vienen ya los tiempos más difíciles: Abril, Mayo y Junio, en los que ya a las familias se les han agotado sus reservas de alimentos, en los que el agua escasea de manera dramática, en los que la hambruna se vuelve compañera cotidiana de las comunidades enteras. Tanto así que, en el hoy llamado “Corredor Seco”, a este período la gente le dice “los meses de la muerte”, y suelen afirmar que, si alguien, sobre todo los niños, logran sobrevivir a estos meses, pues ya se ganó un año más de vida, hasta que llegue el próximo período similar.
El Gobierno ha recibido millones de dólares de cooperación internacional destinados a la atención de la hambruna. Por lo pronto, se han invertido en programas clientelistas, concebidos de cara a la captura de votantes para la próxima contienda electoral.
Ya es hora de que se administren para cumplir con los fines para los cuales fueron presupuestados: Responder a las necesidades alimentarias del pueblo.
Instamos a las agencias y organismos de cooperación internacional a que ejerzan fiscalización efectiva para que los fondos que donan no se desvíen de los destinos para los cuales fueron donados porque, si ello ocurriera, (como de hecho ocurre), estarían, entonces, más bien contribuyendo a profundizar la corrupción y la venalidad imperantes.
Desde el FNL señalamos a las autoridades de Gobierno como responsables de estas muertes, debido a su incompetencia manifiesta.
Exigimos de la INCOPAS y de la SESAN un funcionamiento adecuado, oportuno, eficiente, acorde al mandato para cuyo cumplimiento existen.
Reclamamos la apertura de espacios reales para el ejercicio de la incidencia política y de la auditoría social desde el seno de las legítimas organizaciones populares.
Demandamos del Presidente de la República la remoción del Ministro de Salud, por haber demostrado su absoluta incapacidad para honrar la cartera que equivocadamente fue puesta a su cargo.
La muerte de estos niños no puede ser en vano.
¡La Lucha Sigue!
Frente Nacional de Lucha
8 de març del 2010
Cámaras empresariales de ocho países piden Estado de Sitio
La edición de Prensa Libre del pasado 4 de Marzo, en su primera plana, destaca la noticia de que las cámaras empresariales de ocho países, en un bien orquestado coro, piden al Gobierno que declare el Estado de Prevención en todo el país. Es decir, que suspenda las garantías constitucionales y los derechos de toda la ciudadanía.
Esta demencial solicitud la encabeza un señor llamado Rafael Briz, quien, según informa el matutino, funge como presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala. El artículo informa que, entre las empresas que plantean la petición figuran las multinacionales.
En primer lugar, esta absurda solicitud debe calificarse como una grave agresión a la soberanía nacional. No es competencia de las empresas extranjeras, en absoluto, el hacer planteamientos semejantes ante el Gobierno nacional. Las cámaras empresariales foráneas, sean del país que sean, no deben, bajo ninguna circunstancia, entrometerse en los asuntos de política interna propios de aquellos países que les abren sus puertas para que ellos hagan sus jugosos negocios. Aquí no están, ni deben estar, facultadas para pretender convertirse en rectoras del rumbo por el que debe transitar el pueblo de Guatemala.
Si el mentado señor Briz, (cuya nacionalidad desconocemos pero que habla en nombre de empresas transnacionales españolas), quiere pedir un Estado de Sitio, pues que lo pida en el Peñón de Gibraltar o en la Conchinchina, pero que no venga esa Cámara de Empresarios españoles a meterse aquí en terrenos en los que nadie la ha llamado, en los que, desde las organizaciones populares del país no es bienvenida y que, además, para nada le corresponden.
¿Qué dirían, por ejemplo, los catalanes, los madrileños, los valencianos o los vascos si delegados del CACIF, de la Cámara del Agro o de Pollo Campero fueran a pedirle al Presidente Zapatero o al Rey Juan Carlos que decrete el Estado de Sitio en todo el territorio español? De seguro que, con todo derecho y razón, los mandarían por un tubo, de vuelta a Guatemala, con tiquete de ida y sin retorno.
Esta inaceptable intromisión de las cámaras empresariales extranjeras y de las multinacionales en terrenos que, a todas luces, no les corresponde inmiscuirse, no es cosa nueva. Tiene, en la historia del país, nefastos antecedentes. Recordemos, a modo de ejemplo, la participación abierta y comprobada de la United Fruit Company en la invasión armada que, en 1954, puso fin a los 10 años de la Revolución de Octubre y, con ello, sumergió a Guatemala y a su pueblo en el período más oscuro y doloroso de su historia contemporánea.
En segundo lugar, la petición, además de injerencista, debe calificarse como un inmenso disparate. Porque está demostrado que, tanto las estructuras de la policía como las del ejército, están hoy profundamente penetradas por las poderosas bandas del crimen organizado. En días recientes el propio exministro de Gobernación ha denunciado públicamente la existencia de bien armadas bandas de sicarios dentro de las filas de la fuerza pública. Hay dos exjefes nacionales de la PNC presos, por sus vínculos con el narcotráfico y con otros negocios ilícitos. Y es a esas fuerzas venales, corruptas, a quienes las cámaras empresariales extranjeras, encabezadas por la de España, buscan fortalecer y convertirlas en rectoras de la vida nacional.
“Este clima de inseguridad que se vive en Guatemala es dramático. Día a día hay asesinatos y delitos y no se pone un hasta aquí; cinco ministros de Gobernación en tres años de gobierno es demasiado. Deben tomar medidas drásticas para terminar con la criminalidad, porque continuaremos perdiendo inversiones”, afirmó Briz. (cita textual tomada del artículo de Prensa Libre).
Pues para solucionar la inseguridad imperante, la Cámara de Empresarios de España, junto con las de otros países, proponen, ni más ni menos, poner la llave en manos de los ladrones. Propone declarar un Estado de Sitio en todo el país, es decir, darle más poder, de costa a costa y de frontera a frontera, a quienes hoy siembran violencia, zozobra y luto, amparados por un manto de impunidad bajo el cual se cobija todo tipo de atropello contra los derechos del pueblo.
Lo alarmante es que, ante esta impertinencia, el vocero de la Presidencia de la República, Rolando Robles, se apresura a declarar, de manera oficial, que el Ejecutivo ve la medida como “absolutamente viable”. Es decir, que lejos de hacer valer la soberanía nacional y mandar a estas cámaras extranjeras a freír churros, las acuerpa y afirma que la postura de estas cámaras se respeta.
Peor aún cuando hace saber al país que ya están analizando, desde el Ministerio de Gobernación, las vías para implementar el Estado de Prevención que les ha sido solicitado.
“Con el nuevo ministro de Gobernación —Carlos Menocal— se hace un análisis mucho más profundo para conocer las áreas rojas y si es propicio plantear estado de prevención, pero ese tipo de datos se reservan hasta que el Ministerio los concrete”, añadió Robles. (cita textual tomada del artículo de Prensa Libre).
Para entender bien esta situación, incluido el hecho de que es la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala la que lleva la voz cantante, resulta necesario tomar en cuenta algunos antecedentes inmediatos.
1.- El pasado 25 de Febrero el Gobierno amplió, por quinta vez consecutiva, el Estado de Sitio en el Departamento de San Marcos, medida que está vigente desde al 22 de Diciembre del 2009. Sobre esta medida, también el matutino Prensa Libre, en su edición del 26 de Febrero, informó lo siguiente:
El Gobierno ha impuesto el estado de Prevención para que restablezca por completo el servicio proporcionado por la empresa española Unión Fenosa a través de su concesionaria Deocsa, y para que los usuarios de cinco municipios … puedan pagar por cuotas las facturas pendientes.
Está claro, pues, que el Gobierno ha venido prolongando ese Estado de Sitio en beneficio exclusivo de la transnacional Unión FENOSA. Ha lanzado al ejército y a la policía nacional a las calles, con todo su equipamiento bélico, para que trabajen como cobradores de las facturas de energía que, con toda razón, el pueblo se ha negado a pagar.
No se trata, pues, de un Estado de Sitio para combatir la violencia, sino, por el contrario, más bien para emplearla en contra de la legítima resistencia popular.
En este caso, (como en otros similares que han ocurrido), el país es colocado en calidad de testigo forzado para que mire cómo el Gobierno sirve a los intereses de esta empresa extranjera, pasando por encima de los derechos del pueblo y atropellando, de manera flagrante, su propia condición como servidor de los intereses de la población.
El Gobierno suelta sus perros de la guerra y los lanza con la misión de sembrar terror en San Marcos para favorecer a Unión FENOSA.
2.- Ante esa realidad que se le impone a la comunidad marquense, de manera inmediata la solidaridad entre los pueblos se ha hecho presente, tanto en el plano nacional como en el internacional.
A la huelga de pago de las facturas de energía eléctrica, iniciada más de un año atrás por los vecinos de San Marcos y sus organizaciones, aceleradamente se han ido sumando miles de otras comunidades en todo el territorio nacional. La cantidad de familias que se niegan a pagar el robo mensual del que han venido siendo víctimas crece a diario.
Esto conduce a que Unión FENOSA se alarme al encontrarse con una resistencia que ya no puede focalizar sólo en San Marcos, sino que se ha extendido a todo el territorio nacional. Necesitan, pues, la extensión de cobertura del Estado de Sitio. Por ello, no sorprende, en absoluto, que sea la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala la que encabece la solicitud de decreto de Estado de Prevención en todo el país.
Pero la solidaridad también crece y se multiplica en el ámbito internacional. Cada día son más las organizaciones hermanas que, sobre todo en la propia España, alzan su voz junto al pueblo de Guatemala y claman activamente por la inmediata salida de Unión FENOSA de suelo guatemalteco. Esto, obviamente, causa enormes molestias a los empresarios españoles y a sus cipayos locales. En consecuencia, buscan afanosamente la declaratoria de una medida de cobertura nacional que, según sus equivocados cálculos, les permitiría poner un alto a la cruzada popular emprendida en su contra.
La petición para la declaratoria de un Estado de Sitio en toda Guatemala que plantean las cámaras empresariales extranjeras no obedece, por lo tanto, a que las transnacionales estén preocupadas ni una pizca por la violencia imperante en el país. Con su solicitud no buscan seguridad para sus funcionarios ni, mucho menos, para el pueblo. Esos alcances para nada les importan. Lo único que pretenden es darle seguridad a sus inversiones y a sus jugosas ganancias. Lo único que buscan es que el Gobierno actúe contra el pueblo para garantizarles que sigan sangrando a Guatemala como los vampiros sedientos de sangre que han mostrado ser.
A estas empresas transnacionales lo que menos les importa es la vida. Su única preocupación es el dinero. En sus propias declaraciones así lo confiesan: “Deben tomar medidas drásticas para terminar con la criminalidad, porque continuaremos perdiendo inversiones”. Que no nos vengan, pues, con que les alarma la violencia, con que quieren poner un alto a la criminalidad. Que no pretendan encubrir sus verdaderas intenciones, porque nadie en Guatemala les va a creer sus lloriqueos. Si Ustedes mismos, señores de los consorcios, han acudido al crimen, en múltiples formas, cuando se trata de salvaguardar sus intereses.
3.- Para comprender la disparatada solicitud de Estado de Sitio, no podemos olvidar que el Presidente Colom, como primera gestión formal una vez que resultó electo en Noviembre del 2007, se fue inmediatamente para España, no a reunirse con el Estado español, sino a reunirse con los representantes de Unión FENOSA e de Iberdrola. Así lo informó, en su momento, Prensa Libre, en su edición del 27 de Noviembre del 2007.
Allá, los inversionistas solicitaron al próximo gobernante que se mantengan las condiciones de inversión, certeza jurídica y estabilidad para ejecutar sus proyectos. Y Colom, en su condición de Presidente Electo, les ofreció que trabajará por garantizar la seguridad de las inversiones y solucionar problemas de burocracia.
Es ese el compromiso con el que Colom está cumpliendo al prolongar, por cinco veces consecutivas, el Estado de Sitio en San Marcos. Es el “garantizar la seguridad de sus inversiones” lo que las cámaras extranjeras, con la de España a la cabeza, reclaman del Gobierno. Si en su demanda hablan del peligro en que se constituye la violencia nacional, lo hacen, simple y llanamente, para enmascarar sus verdaderas intenciones. Su clamor por la violencia sólo puede calificarse como lágrimas de cocodrilo.
Sería importante conocer, a través de la Embajada de España y de las de los otros países que, quizás por incautos han sido arrastrados hasta este vergonzoso sainete, si en esa solicitud se expresa la voluntad política de sus respectivos gobiernos.
En todo caso, Unión FENOSA debe saber, a ciencia cierta, que con Estado de Sitio o si Estado de Sitio, la lucha del pueblo guatemalteco y de sus legítimas organizaciones seguirá adelante hasta lograr la nacionalización de la energía y, con ello, la expulsión de esa empresa del suelo patrio.
Su invocación al terror no nos amedrenta. En absoluto. Por el contrario, nos ratifica en nuestra convicción de que, con transnacionales como esa, no hay cabida a ningún espacio de diálogo o de negociación.
A los dueños de Unión FENOSA, quienes están cómodamente instalados allá en su hermoso edificio en Barcelona, lucrando con los dineros que roban al pueblo de Guatemala, sirviéndose del Estado de Sitio que el Gobierno les ha concedido en San Marcos y pretendiendo extenderlo al resto del país, multiplicando el hambre, la desnutrición y la cólera social en Guatemala, les recomendamos que saquen sus garras de estas tierras. Que se vayan. Que aquí el pueblo no se rinde.
Ustedes, los dueños de Unión FENOSA, se han teñido ya las manos con sangre de nuestro pueblo. Los nombres de Víctor Gálvez, de Evelinda Ramírez, de Pedro García y de Octavio Roblero les mancharán sus conciencias por siempre. Su alianza evidente con bandas de sicarios y de narcotraficantes no podrán lavarla con los millones de billetes que a diario esquilman a nuestro pueblo. Su pretensión de hacer del terror el arma que les asegure sus inversiones es vana. Aquí, en Guatemala, el terror nunca ha logrado detener las luchas del pueblo, y no lo logrará tampoco ahora.
Váyanse. Es lo que más les conviene. Y váyanse cuanto antes, porque, más temprano que tarde, aquí en Guatemala van a ser derrotados por la dignidad y el decoro del pueblo.
Váyanse. Aborden la Niña, la Pinta y la Santa María y regrésense a Puerto de Palos, desde donde nunca debieron de haber salido. Aquí, desde el pueblo, nadie los llamó y nadie los quiere.
Váyanse por las buenas, en lugar de pretender quedarse por las malas.
Frente Nacional de Lucha
Esta demencial solicitud la encabeza un señor llamado Rafael Briz, quien, según informa el matutino, funge como presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala. El artículo informa que, entre las empresas que plantean la petición figuran las multinacionales.
En primer lugar, esta absurda solicitud debe calificarse como una grave agresión a la soberanía nacional. No es competencia de las empresas extranjeras, en absoluto, el hacer planteamientos semejantes ante el Gobierno nacional. Las cámaras empresariales foráneas, sean del país que sean, no deben, bajo ninguna circunstancia, entrometerse en los asuntos de política interna propios de aquellos países que les abren sus puertas para que ellos hagan sus jugosos negocios. Aquí no están, ni deben estar, facultadas para pretender convertirse en rectoras del rumbo por el que debe transitar el pueblo de Guatemala.
Si el mentado señor Briz, (cuya nacionalidad desconocemos pero que habla en nombre de empresas transnacionales españolas), quiere pedir un Estado de Sitio, pues que lo pida en el Peñón de Gibraltar o en la Conchinchina, pero que no venga esa Cámara de Empresarios españoles a meterse aquí en terrenos en los que nadie la ha llamado, en los que, desde las organizaciones populares del país no es bienvenida y que, además, para nada le corresponden.
¿Qué dirían, por ejemplo, los catalanes, los madrileños, los valencianos o los vascos si delegados del CACIF, de la Cámara del Agro o de Pollo Campero fueran a pedirle al Presidente Zapatero o al Rey Juan Carlos que decrete el Estado de Sitio en todo el territorio español? De seguro que, con todo derecho y razón, los mandarían por un tubo, de vuelta a Guatemala, con tiquete de ida y sin retorno.
Esta inaceptable intromisión de las cámaras empresariales extranjeras y de las multinacionales en terrenos que, a todas luces, no les corresponde inmiscuirse, no es cosa nueva. Tiene, en la historia del país, nefastos antecedentes. Recordemos, a modo de ejemplo, la participación abierta y comprobada de la United Fruit Company en la invasión armada que, en 1954, puso fin a los 10 años de la Revolución de Octubre y, con ello, sumergió a Guatemala y a su pueblo en el período más oscuro y doloroso de su historia contemporánea.
En segundo lugar, la petición, además de injerencista, debe calificarse como un inmenso disparate. Porque está demostrado que, tanto las estructuras de la policía como las del ejército, están hoy profundamente penetradas por las poderosas bandas del crimen organizado. En días recientes el propio exministro de Gobernación ha denunciado públicamente la existencia de bien armadas bandas de sicarios dentro de las filas de la fuerza pública. Hay dos exjefes nacionales de la PNC presos, por sus vínculos con el narcotráfico y con otros negocios ilícitos. Y es a esas fuerzas venales, corruptas, a quienes las cámaras empresariales extranjeras, encabezadas por la de España, buscan fortalecer y convertirlas en rectoras de la vida nacional.
“Este clima de inseguridad que se vive en Guatemala es dramático. Día a día hay asesinatos y delitos y no se pone un hasta aquí; cinco ministros de Gobernación en tres años de gobierno es demasiado. Deben tomar medidas drásticas para terminar con la criminalidad, porque continuaremos perdiendo inversiones”, afirmó Briz. (cita textual tomada del artículo de Prensa Libre).
Pues para solucionar la inseguridad imperante, la Cámara de Empresarios de España, junto con las de otros países, proponen, ni más ni menos, poner la llave en manos de los ladrones. Propone declarar un Estado de Sitio en todo el país, es decir, darle más poder, de costa a costa y de frontera a frontera, a quienes hoy siembran violencia, zozobra y luto, amparados por un manto de impunidad bajo el cual se cobija todo tipo de atropello contra los derechos del pueblo.
Lo alarmante es que, ante esta impertinencia, el vocero de la Presidencia de la República, Rolando Robles, se apresura a declarar, de manera oficial, que el Ejecutivo ve la medida como “absolutamente viable”. Es decir, que lejos de hacer valer la soberanía nacional y mandar a estas cámaras extranjeras a freír churros, las acuerpa y afirma que la postura de estas cámaras se respeta.
Peor aún cuando hace saber al país que ya están analizando, desde el Ministerio de Gobernación, las vías para implementar el Estado de Prevención que les ha sido solicitado.
“Con el nuevo ministro de Gobernación —Carlos Menocal— se hace un análisis mucho más profundo para conocer las áreas rojas y si es propicio plantear estado de prevención, pero ese tipo de datos se reservan hasta que el Ministerio los concrete”, añadió Robles. (cita textual tomada del artículo de Prensa Libre).
Para entender bien esta situación, incluido el hecho de que es la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala la que lleva la voz cantante, resulta necesario tomar en cuenta algunos antecedentes inmediatos.
1.- El pasado 25 de Febrero el Gobierno amplió, por quinta vez consecutiva, el Estado de Sitio en el Departamento de San Marcos, medida que está vigente desde al 22 de Diciembre del 2009. Sobre esta medida, también el matutino Prensa Libre, en su edición del 26 de Febrero, informó lo siguiente:
El Gobierno ha impuesto el estado de Prevención para que restablezca por completo el servicio proporcionado por la empresa española Unión Fenosa a través de su concesionaria Deocsa, y para que los usuarios de cinco municipios … puedan pagar por cuotas las facturas pendientes.
Está claro, pues, que el Gobierno ha venido prolongando ese Estado de Sitio en beneficio exclusivo de la transnacional Unión FENOSA. Ha lanzado al ejército y a la policía nacional a las calles, con todo su equipamiento bélico, para que trabajen como cobradores de las facturas de energía que, con toda razón, el pueblo se ha negado a pagar.
No se trata, pues, de un Estado de Sitio para combatir la violencia, sino, por el contrario, más bien para emplearla en contra de la legítima resistencia popular.
En este caso, (como en otros similares que han ocurrido), el país es colocado en calidad de testigo forzado para que mire cómo el Gobierno sirve a los intereses de esta empresa extranjera, pasando por encima de los derechos del pueblo y atropellando, de manera flagrante, su propia condición como servidor de los intereses de la población.
El Gobierno suelta sus perros de la guerra y los lanza con la misión de sembrar terror en San Marcos para favorecer a Unión FENOSA.
2.- Ante esa realidad que se le impone a la comunidad marquense, de manera inmediata la solidaridad entre los pueblos se ha hecho presente, tanto en el plano nacional como en el internacional.
A la huelga de pago de las facturas de energía eléctrica, iniciada más de un año atrás por los vecinos de San Marcos y sus organizaciones, aceleradamente se han ido sumando miles de otras comunidades en todo el territorio nacional. La cantidad de familias que se niegan a pagar el robo mensual del que han venido siendo víctimas crece a diario.
Esto conduce a que Unión FENOSA se alarme al encontrarse con una resistencia que ya no puede focalizar sólo en San Marcos, sino que se ha extendido a todo el territorio nacional. Necesitan, pues, la extensión de cobertura del Estado de Sitio. Por ello, no sorprende, en absoluto, que sea la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala la que encabece la solicitud de decreto de Estado de Prevención en todo el país.
Pero la solidaridad también crece y se multiplica en el ámbito internacional. Cada día son más las organizaciones hermanas que, sobre todo en la propia España, alzan su voz junto al pueblo de Guatemala y claman activamente por la inmediata salida de Unión FENOSA de suelo guatemalteco. Esto, obviamente, causa enormes molestias a los empresarios españoles y a sus cipayos locales. En consecuencia, buscan afanosamente la declaratoria de una medida de cobertura nacional que, según sus equivocados cálculos, les permitiría poner un alto a la cruzada popular emprendida en su contra.
La petición para la declaratoria de un Estado de Sitio en toda Guatemala que plantean las cámaras empresariales extranjeras no obedece, por lo tanto, a que las transnacionales estén preocupadas ni una pizca por la violencia imperante en el país. Con su solicitud no buscan seguridad para sus funcionarios ni, mucho menos, para el pueblo. Esos alcances para nada les importan. Lo único que pretenden es darle seguridad a sus inversiones y a sus jugosas ganancias. Lo único que buscan es que el Gobierno actúe contra el pueblo para garantizarles que sigan sangrando a Guatemala como los vampiros sedientos de sangre que han mostrado ser.
A estas empresas transnacionales lo que menos les importa es la vida. Su única preocupación es el dinero. En sus propias declaraciones así lo confiesan: “Deben tomar medidas drásticas para terminar con la criminalidad, porque continuaremos perdiendo inversiones”. Que no nos vengan, pues, con que les alarma la violencia, con que quieren poner un alto a la criminalidad. Que no pretendan encubrir sus verdaderas intenciones, porque nadie en Guatemala les va a creer sus lloriqueos. Si Ustedes mismos, señores de los consorcios, han acudido al crimen, en múltiples formas, cuando se trata de salvaguardar sus intereses.
3.- Para comprender la disparatada solicitud de Estado de Sitio, no podemos olvidar que el Presidente Colom, como primera gestión formal una vez que resultó electo en Noviembre del 2007, se fue inmediatamente para España, no a reunirse con el Estado español, sino a reunirse con los representantes de Unión FENOSA e de Iberdrola. Así lo informó, en su momento, Prensa Libre, en su edición del 27 de Noviembre del 2007.
Allá, los inversionistas solicitaron al próximo gobernante que se mantengan las condiciones de inversión, certeza jurídica y estabilidad para ejecutar sus proyectos. Y Colom, en su condición de Presidente Electo, les ofreció que trabajará por garantizar la seguridad de las inversiones y solucionar problemas de burocracia.
Es ese el compromiso con el que Colom está cumpliendo al prolongar, por cinco veces consecutivas, el Estado de Sitio en San Marcos. Es el “garantizar la seguridad de sus inversiones” lo que las cámaras extranjeras, con la de España a la cabeza, reclaman del Gobierno. Si en su demanda hablan del peligro en que se constituye la violencia nacional, lo hacen, simple y llanamente, para enmascarar sus verdaderas intenciones. Su clamor por la violencia sólo puede calificarse como lágrimas de cocodrilo.
Sería importante conocer, a través de la Embajada de España y de las de los otros países que, quizás por incautos han sido arrastrados hasta este vergonzoso sainete, si en esa solicitud se expresa la voluntad política de sus respectivos gobiernos.
En todo caso, Unión FENOSA debe saber, a ciencia cierta, que con Estado de Sitio o si Estado de Sitio, la lucha del pueblo guatemalteco y de sus legítimas organizaciones seguirá adelante hasta lograr la nacionalización de la energía y, con ello, la expulsión de esa empresa del suelo patrio.
Su invocación al terror no nos amedrenta. En absoluto. Por el contrario, nos ratifica en nuestra convicción de que, con transnacionales como esa, no hay cabida a ningún espacio de diálogo o de negociación.
A los dueños de Unión FENOSA, quienes están cómodamente instalados allá en su hermoso edificio en Barcelona, lucrando con los dineros que roban al pueblo de Guatemala, sirviéndose del Estado de Sitio que el Gobierno les ha concedido en San Marcos y pretendiendo extenderlo al resto del país, multiplicando el hambre, la desnutrición y la cólera social en Guatemala, les recomendamos que saquen sus garras de estas tierras. Que se vayan. Que aquí el pueblo no se rinde.
Ustedes, los dueños de Unión FENOSA, se han teñido ya las manos con sangre de nuestro pueblo. Los nombres de Víctor Gálvez, de Evelinda Ramírez, de Pedro García y de Octavio Roblero les mancharán sus conciencias por siempre. Su alianza evidente con bandas de sicarios y de narcotraficantes no podrán lavarla con los millones de billetes que a diario esquilman a nuestro pueblo. Su pretensión de hacer del terror el arma que les asegure sus inversiones es vana. Aquí, en Guatemala, el terror nunca ha logrado detener las luchas del pueblo, y no lo logrará tampoco ahora.
Váyanse. Es lo que más les conviene. Y váyanse cuanto antes, porque, más temprano que tarde, aquí en Guatemala van a ser derrotados por la dignidad y el decoro del pueblo.
Váyanse. Aborden la Niña, la Pinta y la Santa María y regrésense a Puerto de Palos, desde donde nunca debieron de haber salido. Aquí, desde el pueblo, nadie los llamó y nadie los quiere.
Váyanse por las buenas, en lugar de pretender quedarse por las malas.
Frente Nacional de Lucha
18 de febrer del 2010
Otro asesinato de un dirigente comuntario del FRENA y de la lucha contra Unión Fenosa
Hoy, 17 de febrero, alrededor de las 6 pm, fue cobardemente asesinado el compañero Octavio Roblero dirigente del FRENA y de la lucha contra Unión Fenosa en el Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos.
Desconocidos que se conducían en un vehículo le dispararon a quemarropa frente a su puesto de negocio.
El compañero deja una esposa, quien precisamente el día anterior sufrió una intervención quirúrgica compleja. Deja dos hijas y un hijo. Su nombre figura en la lista de compañeras y compañeros quienes, por estar bajo amenaza de muerte, interpusieron un recurso de exhibición personal, entregado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el 20 de enero recién pasado, como una medida de protección.
Rechazamos enérgicamente este nuevo hecho de sangre, ya que en lo que va del año, son ya cuatro los asesinados cuyo accionar en la defensa de los recursos de la nación, se vincula a la lucha contra UNIÓN FENOSA.
Resulta inaceptable que en pleno Estado de Sitio, implantado por el Gobierno, para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad. Cada vez es más evidente el vínculo entre esta empresa y los sicarios del crimen organizado, por lo cual urgimos a la CICIG y al Ministerio Público investigue de inmediato y esclarezca la autoría material e intelectual de estos crímenes. En la medida en que la impunidad siga siendo un manto protector de este tipo de atropellos, la ola de sangre seguirá creciendo.
Instamos a la central de Unión Fenosa o Gas Natural de España, investigue el accionar de sus funcionarios en Guatemala, pues es muy probable que en el corto plazo se vean involucrados en un juicio público, sentados en calidad de acusados al lado del crimen organizado.
Instamos a las organizaciones hermanas a lo largo y ancho del mundo a que expresen su repudio ante esta inaceptable escalada de violencia en contra de la dirigencia popular en Guatemala, con especial énfasis en contra de los y las dirigentes que hoy luchan, con toda razón y con todo derecho, por la nacionalización de la energía eléctrica y la consecuente expulsión de Unión Fenosa del territorio nacional.
Hoy más que nunca decimos…
Compañero Octavio, ¡presente!
Unión FENOSA, ¡FUERA!
¡LA LUCHA SIGUE!
Desconocidos que se conducían en un vehículo le dispararon a quemarropa frente a su puesto de negocio.
El compañero deja una esposa, quien precisamente el día anterior sufrió una intervención quirúrgica compleja. Deja dos hijas y un hijo. Su nombre figura en la lista de compañeras y compañeros quienes, por estar bajo amenaza de muerte, interpusieron un recurso de exhibición personal, entregado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el 20 de enero recién pasado, como una medida de protección.
Rechazamos enérgicamente este nuevo hecho de sangre, ya que en lo que va del año, son ya cuatro los asesinados cuyo accionar en la defensa de los recursos de la nación, se vincula a la lucha contra UNIÓN FENOSA.
Resulta inaceptable que en pleno Estado de Sitio, implantado por el Gobierno, para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad. Cada vez es más evidente el vínculo entre esta empresa y los sicarios del crimen organizado, por lo cual urgimos a la CICIG y al Ministerio Público investigue de inmediato y esclarezca la autoría material e intelectual de estos crímenes. En la medida en que la impunidad siga siendo un manto protector de este tipo de atropellos, la ola de sangre seguirá creciendo.
Instamos a la central de Unión Fenosa o Gas Natural de España, investigue el accionar de sus funcionarios en Guatemala, pues es muy probable que en el corto plazo se vean involucrados en un juicio público, sentados en calidad de acusados al lado del crimen organizado.
Instamos a las organizaciones hermanas a lo largo y ancho del mundo a que expresen su repudio ante esta inaceptable escalada de violencia en contra de la dirigencia popular en Guatemala, con especial énfasis en contra de los y las dirigentes que hoy luchan, con toda razón y con todo derecho, por la nacionalización de la energía eléctrica y la consecuente expulsión de Unión Fenosa del territorio nacional.
Hoy más que nunca decimos…
Compañero Octavio, ¡presente!
Unión FENOSA, ¡FUERA!
¡LA LUCHA SIGUE!
8 de febrer del 2010
Frente Nacional de Lucha: Esta vez, nos asesinan a dos compañeros
El Viernes 29 de Enero, alrededor de las 8 p.m., el compañero Pedro García salió de su trabajo en la Municipalidad de Malacatán, San Marcos, para trasladarse hasta su casa, pero en el trayecto fue interceptado por asesinos desconocidos que le dieron muerte con saña. Dispararon en su contra 23 balazos. Pedro era dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Malacatán y, a su vez, de los vecinos de su comunidad que se oponen a la presencia de Unión FENOSA en su Departamento y en el país. Aunque no hay testigos, es criterio generalizado entre la población que este nuevo hecho de sangre fue perpetrado por las mismas fuerzas criminales que previamente dieron muerte a Víctor Gálvez y a Evelina Ramírez, con un modus operandi similar y, muy probablemente, con idéntica autoría intelectual.
Adjuntamos íntegro el comunicado que, sobre este doloroso hecho, hicieron circular los compañeros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala, MSIC-G, del cual el FNL es parte, en el cual se explica con detalle lo acontecido.
Dos días después, el Domingo 31 de Enero a eso de las 5 p.m., antes de que cayera el sol, el compañero Santos Cruz Nájera, dirigente comunitario de San Carlos Alzatate, salió de su casa a ver unas vacas que tenía pastando en un potrero cercano. Nunca regresó con vida. Desconocidos lo atacaron a machete y su cuerpo, aún con vida, sus familiares lo localizaron temprano el Lunes, a 500 metros del terreno que había ido a visitar. Murió desangrado en brazos de sus hijos antes de recibir atención médica.
Don Santos cometió el “flagrante delito” de colocarse al frente de su comunidad en la lucha contra la corrupción imperante en su Municipio y por impedir que la Alcaldía asumiera un préstamo leonino que hipoteca el futuro de hijos y nietos de San Carlos Alzatate. Por ello, había recibido varias amenazas de muerte, que fueron oportuna pero infructuosamente denunciadas.
Ambos casos son absolutamente inaceptables. Permitir que la represión y la muerte retomen el sitio de instrumentos únicos para la resolución de conflictos es, simple y sencillamente, aceptar un retorno a un pasado que no debe de reinstalarse.
Que la fuerza bruta, el crimen, el terror sean las armas para disuadir las legítimas luchas populares es del todo intolerable.
De todas maneras, es un hecho que esta violencia que se le impone al pueblo empieza ya a colmar los ánimos. A lo largo y ancho del país muchas agrupaciones populares se preguntan si, ante esta oleada represiva, no será ya tiempo de asumir la auto-defensa como estrategia de sobrevivencia.
¿Cuántos muertos más tienen que sumar las legítimas organizaciones populares antes de que el agua llegue al cuello? No se le puede pedir a la población que siga poniendo la otra mejilla cuando lo que la golpea son balas.
En ese marco el Gobierno, dando prueba fehaciente de su sumisión abyecta ante el capital extranjero y de su voluntad antipopular en defensa de los ricos, decide prolongar por cuarta vez consecutiva el Estado de Sitio en San Marcos, es decir, retirarle al pueblo sus garantías y derechos, sin razón alguna que justifique semejante disparate. Argumenta que lo hace porque aún no se ha normalizado el pago de los cobros que realiza Unión FENOSA. Con ello, aporta no un grano sino una carretada más de arena al descontento social que ha sabido ir acumulando.
Está conduciéndose al país hacia un punto muy peligrosamente cercano al de la ingobernabilidad. El Gobierno Central, con sus Estados de Prevención anti-populares, está sentando la violencia como pauta a seguirse para enfrentar la conflictividad social, y el pueblo ya está cansado, (pero empieza a estar harto), de ser quien siempre pone los muertos.
Por su parte el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia e incluso la Corte de Constitucionalidad, ante esta situación guardan un silencio que los convierte en cómplices. Al fin y al cabo, sabio es el refrán que afirma que “quien calla, otorga”. Y varios Gobiernos locales parecen ser coautores de la matanza.
Estas instancias del Estado deben pronunciarse y actuar al respecto, y deben hacerlo cuanto antes. Dejarlo para mañana puede ser demasiado tarde.
Desde el FNL exigimos la intervención de las autoridades correspondientes a efectos de que pongan fin, de una vez por todas, a estas prácticas políticas asesinas.
En particular pedimos la intervención de la CICIG, como único cuerpo de investigación en el país al cual se le puede depositar confianza. Instamos a la CICIG a acelerar los procesos que ha puesto en marcha, como vía para evitar que la lista de Héroes y Mártires siga creciendo. Los culpables, tanto los materiales como quienes dieron las órdenes, deben pagar sus culpas en términos de lo inmediato.
Instamos a la comunidad internacional, como un ferviente llamado a la solidaridad activa, a incrementar su presión sobre Unión FENOSA y sobre el Gobierno de Guatemala, a efectos de detener el baño de sangre que sigue enlutando al pueblo a lo largo y ancho del país.
¡LA LUCHA SIGUE!
_______________________
EL MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- Actuando a través de su consejo político
DENUNCIA:
1. Que desde el año 2009 los trabajadores sindicalizados del sector municipal aglutinados en el MSICG, miembros específicamente de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, Confederación de unidad sindical de Guatemala CUSG y la Unión sindical de trabajadores de Guatemala UNSITRAGUA han venido trabajando de manera unitaria en el diseño e implementación de estrategias para enfrentar las graves violaciones a la libertad sindical y derechos laborales cometidas por el Estado de Guatemala en su calidad de empleador por medio los Alcaldes y concejos municipales, trabajo que además ha permitido elaborar una propuesta de reformas a la Ley de Servicio Municipal que el MSICG ha presentado al Congreso de la República de Guatemala como parte de una agenda legislativa actualmente conformada por siete propuestas tanto de reformas a leyes existentes como de creación de nuevas leyes. Entre estas también la propuesta de eliminación del pago dietas a dirigentes sindicales por la representación de su sector en los diferentes espacios en los que se participa.
2. Como parte de este proceso con fecha 05 y 06 de enero del año en curso los trabajadores sindicalizados de la Municipalidad de Malacatán organizaron acciones para demandar el pago de los salarios que se les adeudaban desde el mes de diciembre del año 2009, el pago del aguinaldo correspondiente al año 2009, el cumplimiento del pacto colectivo y el pago de otras prestaciones laborales. Todos ellos derechos mínimos obligatorios contemplados en la legislación laboral.
3. La acción estuvo encabezada por el compañero PEDRO ANTONIO GARCIA, Secretario de Cultura y Deportes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Malacatan, San Marcos; Sindicato afiliado a la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala CUSG y al Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-.
4. Con fecha 29 de enero del año 2010, a eso de las 08:00 AM, el compañero PEDRO ANTONIO GARCIA se retiró de su centro de trabajo ubicado en la Municipalidad de Malacatán rumbo a su casa de habitación, siendo interceptado minutos después, a las 08:15 Am, por individuos que fuertemente armados le dieron muerte. El asesinato se produjo en la Finca Barranca Honda, Malacatan, San Marcos. En el lugar de los hechos se encontraron, 23 cascabillos de arma de fuego.
5. Una vez más el MSICG condena este hecho de sangre en contra de sus bases, y las graves violaciones a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas especialmente de los trabajadores aglutinados en el sector municipal donde el empleador es el propio Estado de Guatemala a través de los gobiernos municipales.
6. El MSICG llama la atención de la Comunidad internacional y nacional sobre la reiterada violación de los derechos sindicales y laborales acaecidas en las Municipalidades y la protección de que gozan las mismas para actuar con toda impunidad. Hace apenas unos días condenamos la intimidación e intento de asesinato de que fuera objeto, justo al iniciar el año 2010, nuestro compañero ABEL ROLDAN Directivo del Sindicato de trabajadores de la municipalidad de Zaragoza y los al menos 6 asesinatos acaecidos en el año 2009 contra los miembros del Sindicato de trabajadores comerciantes de Coatepeque, ambos miembros de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala –CGTG- y adscritos al Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco.
7. Solicitamos a la Comunidad internacional fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales en todas aquellas municipalidades con las que cooperan y limitar cualquier tipo de apoyo al respeto del Estado de derecho, principalmente al respeto de los derechos humanos laborales y sindicales.
8. Exigimos al Ministerio Público investigar este asesinato y cualquier vínculo que haya podido tener en él la parte empleadora, es decir el Alcalde y miembros del Consejo Municipal, de la Municipalidad de Malacatán, San Marcos.
9. Ante este panorama reiteramos una vez más la solidez de nuestra lucha por la justicia social, la democracia y el respeto a los derechos socioeconómicos del pueblo de Guatemala.
¡ANTE LA REPRESIÓN: ORGANIZACIÓN Y UNIDAD!
¡PORQUE SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
Adjuntamos íntegro el comunicado que, sobre este doloroso hecho, hicieron circular los compañeros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala, MSIC-G, del cual el FNL es parte, en el cual se explica con detalle lo acontecido.
Dos días después, el Domingo 31 de Enero a eso de las 5 p.m., antes de que cayera el sol, el compañero Santos Cruz Nájera, dirigente comunitario de San Carlos Alzatate, salió de su casa a ver unas vacas que tenía pastando en un potrero cercano. Nunca regresó con vida. Desconocidos lo atacaron a machete y su cuerpo, aún con vida, sus familiares lo localizaron temprano el Lunes, a 500 metros del terreno que había ido a visitar. Murió desangrado en brazos de sus hijos antes de recibir atención médica.
Don Santos cometió el “flagrante delito” de colocarse al frente de su comunidad en la lucha contra la corrupción imperante en su Municipio y por impedir que la Alcaldía asumiera un préstamo leonino que hipoteca el futuro de hijos y nietos de San Carlos Alzatate. Por ello, había recibido varias amenazas de muerte, que fueron oportuna pero infructuosamente denunciadas.
Ambos casos son absolutamente inaceptables. Permitir que la represión y la muerte retomen el sitio de instrumentos únicos para la resolución de conflictos es, simple y sencillamente, aceptar un retorno a un pasado que no debe de reinstalarse.
Que la fuerza bruta, el crimen, el terror sean las armas para disuadir las legítimas luchas populares es del todo intolerable.
De todas maneras, es un hecho que esta violencia que se le impone al pueblo empieza ya a colmar los ánimos. A lo largo y ancho del país muchas agrupaciones populares se preguntan si, ante esta oleada represiva, no será ya tiempo de asumir la auto-defensa como estrategia de sobrevivencia.
¿Cuántos muertos más tienen que sumar las legítimas organizaciones populares antes de que el agua llegue al cuello? No se le puede pedir a la población que siga poniendo la otra mejilla cuando lo que la golpea son balas.
En ese marco el Gobierno, dando prueba fehaciente de su sumisión abyecta ante el capital extranjero y de su voluntad antipopular en defensa de los ricos, decide prolongar por cuarta vez consecutiva el Estado de Sitio en San Marcos, es decir, retirarle al pueblo sus garantías y derechos, sin razón alguna que justifique semejante disparate. Argumenta que lo hace porque aún no se ha normalizado el pago de los cobros que realiza Unión FENOSA. Con ello, aporta no un grano sino una carretada más de arena al descontento social que ha sabido ir acumulando.
Está conduciéndose al país hacia un punto muy peligrosamente cercano al de la ingobernabilidad. El Gobierno Central, con sus Estados de Prevención anti-populares, está sentando la violencia como pauta a seguirse para enfrentar la conflictividad social, y el pueblo ya está cansado, (pero empieza a estar harto), de ser quien siempre pone los muertos.
Por su parte el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia e incluso la Corte de Constitucionalidad, ante esta situación guardan un silencio que los convierte en cómplices. Al fin y al cabo, sabio es el refrán que afirma que “quien calla, otorga”. Y varios Gobiernos locales parecen ser coautores de la matanza.
Estas instancias del Estado deben pronunciarse y actuar al respecto, y deben hacerlo cuanto antes. Dejarlo para mañana puede ser demasiado tarde.
Desde el FNL exigimos la intervención de las autoridades correspondientes a efectos de que pongan fin, de una vez por todas, a estas prácticas políticas asesinas.
En particular pedimos la intervención de la CICIG, como único cuerpo de investigación en el país al cual se le puede depositar confianza. Instamos a la CICIG a acelerar los procesos que ha puesto en marcha, como vía para evitar que la lista de Héroes y Mártires siga creciendo. Los culpables, tanto los materiales como quienes dieron las órdenes, deben pagar sus culpas en términos de lo inmediato.
Instamos a la comunidad internacional, como un ferviente llamado a la solidaridad activa, a incrementar su presión sobre Unión FENOSA y sobre el Gobierno de Guatemala, a efectos de detener el baño de sangre que sigue enlutando al pueblo a lo largo y ancho del país.
¡LA LUCHA SIGUE!
_______________________
EL MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- Actuando a través de su consejo político
DENUNCIA:
1. Que desde el año 2009 los trabajadores sindicalizados del sector municipal aglutinados en el MSICG, miembros específicamente de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, Confederación de unidad sindical de Guatemala CUSG y la Unión sindical de trabajadores de Guatemala UNSITRAGUA han venido trabajando de manera unitaria en el diseño e implementación de estrategias para enfrentar las graves violaciones a la libertad sindical y derechos laborales cometidas por el Estado de Guatemala en su calidad de empleador por medio los Alcaldes y concejos municipales, trabajo que además ha permitido elaborar una propuesta de reformas a la Ley de Servicio Municipal que el MSICG ha presentado al Congreso de la República de Guatemala como parte de una agenda legislativa actualmente conformada por siete propuestas tanto de reformas a leyes existentes como de creación de nuevas leyes. Entre estas también la propuesta de eliminación del pago dietas a dirigentes sindicales por la representación de su sector en los diferentes espacios en los que se participa.
2. Como parte de este proceso con fecha 05 y 06 de enero del año en curso los trabajadores sindicalizados de la Municipalidad de Malacatán organizaron acciones para demandar el pago de los salarios que se les adeudaban desde el mes de diciembre del año 2009, el pago del aguinaldo correspondiente al año 2009, el cumplimiento del pacto colectivo y el pago de otras prestaciones laborales. Todos ellos derechos mínimos obligatorios contemplados en la legislación laboral.
3. La acción estuvo encabezada por el compañero PEDRO ANTONIO GARCIA, Secretario de Cultura y Deportes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Malacatan, San Marcos; Sindicato afiliado a la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala CUSG y al Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-.
4. Con fecha 29 de enero del año 2010, a eso de las 08:00 AM, el compañero PEDRO ANTONIO GARCIA se retiró de su centro de trabajo ubicado en la Municipalidad de Malacatán rumbo a su casa de habitación, siendo interceptado minutos después, a las 08:15 Am, por individuos que fuertemente armados le dieron muerte. El asesinato se produjo en la Finca Barranca Honda, Malacatan, San Marcos. En el lugar de los hechos se encontraron, 23 cascabillos de arma de fuego.
5. Una vez más el MSICG condena este hecho de sangre en contra de sus bases, y las graves violaciones a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas especialmente de los trabajadores aglutinados en el sector municipal donde el empleador es el propio Estado de Guatemala a través de los gobiernos municipales.
6. El MSICG llama la atención de la Comunidad internacional y nacional sobre la reiterada violación de los derechos sindicales y laborales acaecidas en las Municipalidades y la protección de que gozan las mismas para actuar con toda impunidad. Hace apenas unos días condenamos la intimidación e intento de asesinato de que fuera objeto, justo al iniciar el año 2010, nuestro compañero ABEL ROLDAN Directivo del Sindicato de trabajadores de la municipalidad de Zaragoza y los al menos 6 asesinatos acaecidos en el año 2009 contra los miembros del Sindicato de trabajadores comerciantes de Coatepeque, ambos miembros de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala –CGTG- y adscritos al Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco.
7. Solicitamos a la Comunidad internacional fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales en todas aquellas municipalidades con las que cooperan y limitar cualquier tipo de apoyo al respeto del Estado de derecho, principalmente al respeto de los derechos humanos laborales y sindicales.
8. Exigimos al Ministerio Público investigar este asesinato y cualquier vínculo que haya podido tener en él la parte empleadora, es decir el Alcalde y miembros del Consejo Municipal, de la Municipalidad de Malacatán, San Marcos.
9. Ante este panorama reiteramos una vez más la solidez de nuestra lucha por la justicia social, la democracia y el respeto a los derechos socioeconómicos del pueblo de Guatemala.
¡ANTE LA REPRESIÓN: ORGANIZACIÓN Y UNIDAD!
¡PORQUE SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
28 de gener del 2010
Ejército y policía al servicio de Unión FENOSA
En el más puro estilo de la mafia
Ayer, desde horas de la mañana y en dos distintas comunidades del país, se dieron hechos represivos inauditos y similares que, por su naturaleza, se bastan para demostrar a qué intereses sirven las actuales autoridades de Gobierno.
El primero ocurrió en la comunidad Conrado de la Cruz, Municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez. Allí, desde hace un par de meses, la mayoría de la población se organizó para resistir de manera pacífica ante los abusos reiterados de Unión FENOSA. Desde Diciembre, cientos de familias dejaron de pagar su recibo de la luz porque en el mismo se expresan cobros ilegales y no están ya dispuestas a seguir permitiendo que se les robe impunemente mes a mes.
Pues bien, ayer por la mañana llegaron a su comunidad dos camionadas de tropas del ejército, (unos 60 efectivos bien armados y apertrechados como en estado de guerra), tres patrullas de la Policía Nacional Civil y un equipo de técnicos de Unión FENOSA con una clara misión: amedrentar a los pobladores para forzarlos a firmar un acuerdo de pago con esta empresa. Así como suena: llegaron en calidad de cobradores armados, en defensa exclusiva de Unión FENOSA.
Ante la amenaza directa y tangible, los vecinos formaron una barrera humana en la entrada a su comunidad e impidieron, sin hacer uso de violencia alguna, el paso de las fuerzas militares y de los empleados de la transnacional. En horas de la tarde, tras una dura negociación en donde prevaleció la madurez de los vecinos, encabezados por el COCODES, lograron que los cobradores se retiraran.
En Santa Lucía Talux, Municipio de Tajumulco, San Marcos, acontecieron hechos idénticos. También allí efectivos del ejército y la policía, armados como en tiempos de guerra, acompañaron a empleados de Unión FENOSA quienes, contando con la presión de la presencia armada, tenían la intención de cubrir la comunidad casa por casa para obligar a cada familia a que firmara un acuerdo de pago con la transnacional. Tampoco allí se salieron con la suya, gracias a que la inteligencia de los vecinos prevaleció sobre la fuerza bruta que, codo a codo, usaron Unión FENOSA y el Gobierno.
La historia cuenta sobre cómo la mafia, como práctica impune, contrata matones armados para que se encarguen de cobrar los montos que les adeudan como pago de sus actividades ilegales. En las producciones cinematográficas de Hollywood, esos matones suelen ser los malos de la película.
Pero aquí, en Guatemala, la realidad concreta ha sobrepasado la más febril imaginación de los productores de Hollywood. Aquí el papel de matones a sueldo lo desempeñan impunemente el ejército y la policía, es decir, las fuerzas del Estado. Al Capone queda colocado como un vil aprendiz comparado con sus homólogos de hoy en Guatemala.
De conformidad con la Constitución y las leyes vigentes, el ejército existe para defender al país ante una agresión externa contra la nación, es decir, contra el pueblo, contra el territorio, contra la soberanía. Desde hace más de una década, Unión FENOSA agrede de manera cotidiana e ininterrumpida, al pueblo, al territorio y a la soberanía. Sin embargo, el ejército, en clara violación a su mandato, actúa al revés: se coloca al servicio de la transnacional y en contra del país y de su pueblo. Defiende al agresor y amenaza a los agredidos.
Por su parte, la Policía Nacional Civil, incapaz de frenar la escalada de violencia que sacude a Guatemala, en lugar de perseguir a las bandas delincuenciales, más bien ocupa sus fuerzas en reprimir y amenazar al pueblo para defender a Unión FENOSA.
Es decir, las “valerosas” fuerzas del ejército y de la policía prefieren emprenderla contra pacíficos vecinos desarmados, en lugar de enfrentar las redes de narcotráfico o cualquier otra expresión del crimen organizado. Deberían de concederles una “medalla al heroísmo”.
Debe señalarse, además, que en esta realidad que gira alrededor del tema de Unión FENOSA está presente, de manera tácita pero evidente, precisamente el crimen organizado. Más concretamente el narcotráfico. Resulta que, justo después de que el Gobierno decretó el Estado de Sitio en San Marcos, Unión FENOSA procedió a abrir una oficina de cobros en Malacatán, en un edificio que, vox populi, es propiedad del capó del narco en la zona fronteriza con México. ¿Mera coincidencia? Quién sabe. Lo cierto es que la instalación de esta oficina lanza, de esa manera, un claro y amenazante mensaje a toda la población.
Sobre todo porque este hecho la gente lo asocia mentalmente con el asesinato, el 24 de Octubre, del compañero Víctor Gálvez a manos de sicarios y, el 13 de Enero, el asesinato de la compañera Evelina Rodríguez, crimen ocurrido a manos de desconocidos.
Si allá, en Barcelona, España, los dueños de Unión FENOSA quieren parecer como niños buenos e inofensivos ante los ojos del mundo, deberán, entonces, prestar más atención a lo que hacen sus representantes en Guatemala. Si no lo sabe, entonces alguien les está tomando el pelo. Aquí, por lo pronto, se están forjando, paso a paso y con todo mérito, una reputación nefasta que los enloda para siempre.
Unión FENOSA debe irse del país, cuanto antes. Los empleados de esta transnacional española deben subirse en la Niña, la Pinta y la Santa María y regresarse, de inmediato, al Puerto de Palos, desde donde nunca debieron de salir.
El ejército debe regresar al cuidado de las fronteras, que es lo que le corresponde, y sus jerarcas, la cúpula militar, debe aclarar cuánto pagó Unión FENOSA para contratarlos como matones a sueldo y adónde fueron a parar esos fondos.
La Policía Nacional Civil debe empezar a perseguir al crimen organizado, como debería de ser, en lugar de andar salvaguardando los intereses de consorcios transnacionales y de grandes empresarios locales.
Zapatero a su zapato.
Mientras estos hechos ocurren, en todo el país se van sumando más y más comunidades a la resistencia pacífica contra la presencia de esta empresa en el país. Cada día son más las familias que optan por la dignidad y se suman a la huelga de pago contra Unión FENOSA.
En esa tarea estaremos inmersos hasta que se vayan del país y se nacionalice la energía eléctrica, se generen empresas municipales y se reforme adecuadamente la Ley General de Electricidad.
¡La Lucha Sigue!
14 de gener del 2010
Asesinan a lideresa Evelina Ramírez Reyes
De nuevo corre la sangre de dirigentes de San Marcos
Hoy, al ser alrededor de las 8:00 p.m., el automóvil en el que se transportaban desde la Capital cuatro destacados dirigentes de la lucha que el pueblo de San Marcos, con justa razón, ha emprendido en demanda de la nacionalización de la energía, fue emboscado por fuerzas desconocidas a la altura del Kilómetro 206.
Como resultado de este operativo, de corte claramente militar, resultó asesinada a tiros la compañera Evelina Ramírez Reyes, lidereza del Municipio de Ocós, está desaparecido el compañero Freddy Rodas y heridos los compañeros Leonel de León y Jorge Lorenzo.
Este nuevo crimen contra el pueblo no puede ni debe quedar impune. La muerte de Evelina nos llena de dolor. Nada, absolutamente nada, justifica el asesinato a sangre fría de una joven y dedicada mujer. No podemos dejar de pensar en su hijo de escasos 5 años, a quien las balas asesinas condenan a una temprana orfandad.
Pero, además de dolor, su muerte prematura también nos llena de indignación y de cólera. Anoche mismo, menos de 24 horas antes de que un grupo de sicarios la asesinara, compartíamos con ella sus legítimos sueños por construir una Guatemala justa, digna y humana, en la cual su hijo, y con él todos los hijos e hijas del pueblo, pudieran vivir sin que sus existencias estuvieran marcadas por el yugo de la exclusión generadora de pobreza, sin el temor constante a la violencia de los poderosos contra el pueblo sencillo. Anoche mismo nos compartía sus aspiraciones por continuar con sus estudios, para lo cual contaba con el apoyo de su familia. En un abrir y cerrar de ojos, las balas asesinas truncaron todo ello.
Evelina, donde quiera que esté, verá cómo, quienes sobrevivimos a su muerte, seguiremos levantando, con firmeza, las banderas que ella portó con tanta hidalguía. Daremos continuidad a su lucha y, con ello, su muerte no será en vano. Su digno nombre y su ejemplar compromiso nos acompañarán siempre en nuestras luchas.
Los autores intelectuales de este crimen deben saber que, con sus hechos, nos reafirman en nuestro compromiso de empeñar nuestros mejores esfuerzos por forjar esa Guatemala con la que Evelina soñaba. No nos amedrentan en absoluto.
Los compañeros emboscados y la compañera asesinada regresaban desde la Ciudad Capital hacia sus casas, luego de sostener, durante dos días, una serie de reuniones con diferentes autoridades del Gobierno, reclamando, como ejes centrales, la suspensión del Estado de Sitio decretado en San Marcos, la expulsión de Unión FENOSA del país y el pronto esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez. A alguien no le gustó el contenido abordado por la delegación de luchadores marquenses en las reuniones sostenidas y decidió, vil y cobardemente, responderles con fuego. Alguien se sintió afectado en sus intereses y optó por imponer la fuerza bruta sobre la razón y el derecho.
Ellos, y ella, no vinieron a la Capital a sembrar subversión. Vinieron como legítimos representantes de sus comunidades, a pedir, una vez más, que las autoridades escuchen la voz que emana desde el seno del pueblo. Vinieron a ejercer un derecho humano básico consagrado, además, en la Constitución y las leyes vigentes. Fuerzas oscuras los hicieron pagar con su sangre.
Pedimos encarecidamente a las organizaciones hermanas de todas partes del mundo que, con urgencia, se pronuncien ante el Estado guatemalteco. La represión debe cesar. El asesinato de hombres y mujeres que consagran su vida a favor de las causas justas del pueblo debe cesar. La solidaridad debe ponerse de manifiesto, de manera activa y concreta.
De igual manera, solicitamos a las legítimas organizaciones populares de cada rincón del país, sean o no miembros del FNL, que se manifiesten con energía ante estos dolorosos hechos.
Al pueblo de San Marcos, en especial a quienes viven en el Municipio de Ocós, les pedimos que sepan mantener la calma y la cordura, como han sabido hacerlo durante tantos meses de enconada lucha y de constante represión y provocaciones de todo tipo. Que sepan contener su indignación y no se dejen caer en estas provocaciones inaceptables porque, de hacerlo, aún sin proponérselo estarían sirviendo al juego del enemigo. Frente al uso de la fuerza bruta debemos responder, más que nunca, con serena inteligencia.
Al Gobierno, al Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia les reclamamos su co-participación. Cuando desde el Gobierno se decreta un Estado de Sitio, se sienta una pauta de violencia. Enseña que contra el pueblo y sus organizaciones es lícito emplear la fuerza bruta. Más aún cuando el Estado de Sitio se decreta para favorecer, de manera exclusiva, los intereses de una transnacional, en este caso Unión FENOSA. Por su parte, tanto el Congreso como la Corte han guardado, hasta el momento, un silencio cómplice.
Es el momento, entonces, de cerrar filas y de presentar, ante el Gobierno y ante Unión FENOSA, un frente digno el cual, como una poderosa fuerza unitaria, haga valer los derechos de todos y de todas.
En San Marcos y en todo el país seguiremos adelante hasta lograr que, como un acto de razón y de justicia, Unión FENOSA se vaya de Guatemala.
Es hora de unidad, de articulación y, claro, de lucha.
Compañera Evelina, ¡presente!
Unión FENOSA, ¡FUERA!
¡LA LUCHA SIGUE!
5 de gener del 2010
A trece años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala

Extractes de la declaració política d'URNG:
Que pese a que los acuerdos de paz, son considerados en la “Ley Marco de los Acuerdos de Paz” como compromisos de Estado, el gobierno de la UNE, al igual que los gobiernos neoliberales anteriores no solo los incumplen y los violan, sino además los manipulan de manera irresponsable, demagógica y clientelar, para enmascarar el carácter elitista de sus políticas gubernamentales, la corrupción y la irresponsabilidad en la conducción del Estado, así como la intencionalidad de perpetuarse en el poder. En ese sentido la doble moral que sustenta al actual gobierno, solo demuestra con creces que Alvaro Colom y su gobierno NO TIENEN VOCACIÓN DE PAZ, pues la paz firme y duradera solo se consigue sobre los principios de la Justicia Social plasmada en los Acuerdos de Paz.
En sus dos años de gobierno la UNE ha demostrado su plena correspondencia con los intereses oligárquicos, esto se da a partir de los compromisos del gobierno con el Plan Nacional de Emergencia para la Reactivación Económica elaborado por el empresariado, el cual se plantea como pilares fundamentales, las Alianzas Público Privadas para la ejecución de los MEGAPROYECTOS en infraestructura en donde colocan en alto riesgo a las tierras comunales, los daños que ocasionarán al medio ambiente, y principalmente desconocen a la soberanía popular, al solo tomarla en cuenta para que participe en la mitigación de los daños que causen estos proyectos, negándoles a las comunidades el derecho de consulta, opinión y posición sobre esta materia, según su cultura, tradiciones y costumbres. También el gobierno tiene compromisos para imponer la ratificación del Convenio 175 de la OIT, el cual precariza el trabajo y somete plenamente a la clase trabajadora a las arbitrariedades que el sector patronal aplique con toda impunidad.
El gobierno de Alvaro Colom inspirado y sustentado en la GOBERNABILIDAD BURGUESA protege de manera irracional los intereses de las transnacionales. Para este gobierno los intereses de la Empresa Unión Fenosa y sus sub empresas DEOCSA Y DEORSA tienen privilegios plenos sobre los intereses populares. Las protestas y las luchas de resistencia popular, se dan en contra de las estafas, extorsiones y atropellos que estas empresas aplican de manera impune en todo el país. Los acontecimientos recientes en varios municipios de San Marcos y la forma como los negociadores del gobierno manejaron la situación, así como la amenaza de responderle al pueblo solo sobre la base de la represión son en su conjunto una muestra elocuente de lo señalado. Es de señalar el hecho de que el gobierno con tolerancia cómplice permite que empresarios y sus cuerpos de seguridad privada ejecuten desalojos ilegales en contra de la población, el caso de las Nubes Izabal es la réplica de lo que hace varios años sucedió en Nueva Linda Retalhuleu.
Consulteu l'informe sencer del Centro de Estudios de Guatemala
Consulteu també:
Estado de sitio en San Marcos y 250 órdenes de captura contra dirigentes populares
5 de gener de 2009
24 de desembre del 2009
Estado de Sitio en San Marcos y 250 órdenes de captura contra dirigentes populares

Los medios de prensa escrita, radial y televisiva del país abundaron estos días recientes sobre la difícil situación que enfrenta la población de varios Municipios del Departamento de San Marcos, a quien la empresa Unión FENOSA agredió y sigue agrediendo, primero por la vía de quitarles el suministro de energía eléctrica desde el pasado 15 de Diciembre y, luego, faltando a la verdad al acusar al pueblo de sabotajes y, fundamentados en esa falacia, generar, en contubernio con el Gobierno, un Estado de Sitio.
A.- ¿Quién quitó la luz en San Marcos?
En primer lugar, debe destacarse que este apagón forzado es fuente generadora de graves problemas para la población. Tras una semana sin energía, los habitantes se quedaron también sin agua, colocados ante el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas. En los hospitales y en los centros de salud del área se perdieron alrededor de 40 mil vacunas destinadas para los niños y niñas de los Municipios afectados. Creció la incidencia del rotavirus y de la influenza, también con énfasis entre la niñez.
Y, sobre todo, creció la cólera social contra una empresa abusiva y contra un Estado que no escucha la voz que clama desde el pueblo y, por el contrario, sirve fiel y abyectamente a los intereses de las transnacionales.
Los medios de comunicación explican, con toda claridad, cuál fue la causa real que generó este forzado corte de energía desde el 15 de Diciembre. En síntesis, establecen que fue una represalia que adoptó unilateralmente Unión FENOSA en castigo a que las comunidades rechazan su presencia, se niegan a pagar los cobros abusivos, piden la nacionalización de la energía y plantean la creación de empresas municipales que administren este servicio: (Al final del presente comunicado se agregan las informaciones completas publicadas en la prensa).
“DEOCSA cesó el fluido de energía tras varios meses de impago y una deuda que llega a Q80 millones. Los vecinos hablan de cobros abusivos”. El Periódico, 19 de Diciembre del 2009.
“El motivo de la protesta la anterior semana fue que la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa) suspendiera el fluido eléctrico a 5 comunidades: El Rodeo, San Pablo, Malacatán, Catarina Tajumulco y la frontera El Carmen, debido a que 60 mil personas deben un año de pago. Una cifra que alcanza, según la empresa, los Q80 millones”. El Periódico, 20 de Diciembre del 2009.
El meollo del conflicto fue que un grupo autodenominado Frena ha efectuado conexiones ilegales desde la subestación eléctrica del municipio de Malacatán –que habían tomado a la fuerza- para que los vecinos de cinco municipios (Malacatán, Catarina, El Carmen, San Pablo y El Rodeo) se desligaran de los pagos de la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa), de Unión Fenosa, que, según señaló esta empresa, ha generado pérdidas por Q80 millones, ya que no se han dejado de efectuar los pagos al INDE, que genera la energía. Prensa Libre, 21 de Diciembre del 2009.
Desde las 3:00 a.m. de ayer se restableció el fluido eléctrico en las comunidades del departamento de San Marcos, donde se había interrumpido el servicio debido a que los pobladores adeudan a la Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa) cerca de Q80 millones en pagos atrasados de un año (esto generó que vecinos bloquearan la ruta hacia México por casi 2 días). El Periódico, 21 de Diciembre del 2009.
Es decir, Unión FENOSA y sus subsidiarias, DEORSA y DEOCSA decidieron, con la plena complacencia de las autoridades del Estado, dejar sin luz a la población. Decidieron despojar a las familias de un servicio esencial, precisamente en vísperas de las navidades, época del año en la que se intensifica la vida en familia. De manera similar, aunque de menor magnitud, habían procedido en Diciembre del año pasado.
Debe tenerse muy presente que Unión FENOSA, al proceder de semejante manera, viola el marco legal vigente y pisotea el propio contrato que legaliza su operación en el país. Sin embargo, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, instancia responsable por mandato legal de velar por la calidad y el costo del servicio, guarda silencio.
Ante estos hechos consumados impuestos por Unión FENOSA la población tiene derecho a preguntarse:
¿Qué ley ampara a una empresa privada transnacional para que se tome la libertad de agredir de semejante manera, y con total impunidad, a decenas de miles de familias?
¿Por qué las autoridades del Estado adoptan dos actitudes que pueden calificarse como sospechosas: o guardan un silencio cómplice o se pronuncian y actúan a favor de la transnacional?
¿Tiene o no tiene derecho la población de ejercer resistencia pacífica pero firme ante los desmanes de Unión FENOSA?
B.- Sabotajes:
Sin embargo, la agresión de este consorcio transnacional contra el pueblo de San Marcos no termina ahí. Ahora acusan a los vecinos de haber saboteado la subestación ubicada en Malacatán, como también puede leerse en los medios de comunicación.
Nada es más falso. En primer lugar, porque ¿a qué grupo de vecinos se les ocurriría sabotear una subestación para quedarse ellos mismos sin luz? Pero, además, porque, desde hace varios meses, la mencionada subestación permanece fuertemente custodiada por fuerzas combinadas del ejército y de la policía. La cuidan más efectivos militares que los que protegen los cuarteles.
Cualquier acción de los vecinos en contra de la subestación hubiera generado, sin lugar a dudas, un indeseable enfrentamiento armado, con un saldo de sangre y de luto. Cuando la empresa afirma que su subestación fue saboteada, simplemente miente, engaña, falta a la verdad, con el propósito de generar confusión.
Sin embargo, es cierta la afirmación de que, en San Marcos, se han producido sabotajes contra el tendido eléctrico, como lo han venido denunciando reiteradamente los propios vecinos y sus organizaciones. Incluso han sido las comunidades y sus legítimas organizaciones quienes han resuelto, por su propia cuenta, los daños causados por estos sabotajes.
Por fortuna existen tres únicos casos de sabotaje debidamente documentados. En los dos primeros, las autoridades capturaron a los hechores de manera infraganti:
El 12 de Julio el país se entera de que Luis Manuel Mejía, de 35 años; Juan Pablo Santizo, de 26; Carlos Vicente Puac, y el ingeniero Miguel Ángel García, de 31, fueron capturados cuando cometían el delito de sabotear precisamente la subestación hoy tan mencionada. Los cuatro resultaron ser empleados de Unión FENOSA. Incluso se informa, literalmente, lo siguiente:
“Guillermo Juárez, del Ministerio Público, quien participó como mediador en la situación, comprobó que sí había sabotaje en la estación, por lo que ordenó la captura del ingeniero Ángel García, quien fue acusado del sabotaje; mientras que los otros tres empleados fueron dejados en libertad” Prensa Libre, 12 de Julio del 2009
El segundo caso de sabotaje que obra en manos de las autoridades se produjo en Nuevo Progreso, alrededor del 22 de Octubre. Cuatro empleados de la empresa Cobra, al servicio de Unión FENOSA, es decir, bajo contrato de la transnacional, se dedicaban a cortar las líneas de alta tensión y fueron capturados por los vecinos. Finalmente, se los entregaron al Ministerio Público, en calidad de saboteadores confesos y capturados in fraganti.
El tercero, que también califica como sabotaje, ocurre en Coatepeque, en fechas recientes. El 1 de Diciembre, en horas de la madrugada, con respaldo de soldados del ejército, funcionarios de Unión FENOSA retiraron cinco transformadores que suministraban energía a 38 comunidades. Los medios de prensa lo reportaron de la siguiente manera:
“Según los manifestantes, DEOCSA dejó sin luz a 38 comunidades al retirar cinco transformadores de corriente, y la Policía Nacional Civil (PNC) reprimió días atrás una protesta similar en la aldea San Rafael Pacaya II”. Prensa Libre, 2 de Diciembre del 2009.
Lo sorprendente de este caso es que la presión popular, que bloqueó la carretera que comunica con México, logró que, como por arte de magia, aparecieran los cinco transformadores y equipos de Unión FENOSA los reinstalaran.
Debe señalarse que, en ninguno de los tres casos señalados, el Ministerio Público ha abierto expediente legal contra ninguno de los implicados. Todos los involucrados han resultado ser, sin excepción, trabajadores de Unión FENOSA o de empresas asociadas o bajo contrato de la transnacional.
Los hechos ponen en claro quién es la figura que ordena el sabotaje de las líneas. Es, sin duda alguna, la propia empresa española, con propósitos de seguro inconfesables.
En todo caso, los hechos han puesto en evidencia no sólo quién es el verdadero saboteador sino, además, permite ver con claridad el denso manto de impunidad bajo el cual abrigan sus actos ilícitos.
C.- Secuestro:
A la comunidad, con toda la mala intención posible, la señalan, además, de haber retenido por la fuerza al Gobernador de San Marcos. Ese cargo también es absolutamente falso. El Gobernador ciertamente se hizo presente en la subestación de la historia, pero lo hizo por su propia voluntad e, igualmente, se retiró por su propia voluntad al constatar que sus gestiones para que Unión FENOSA reinstalara el servicio resultaron completamente inútiles.
Pero es probable que, partiendo del principio goebbeliano de que una mentira, repetida hasta la saciedad, pasa a asumirse como verdad en el imaginario social, Unión FENOSA miente una vez, miente mil veces, miente hasta el infinito. Y, para darle fuerza a sus mentiras, compra la voz de los medios de prensa, de las altas esferas de instituciones públicas, e incluso de dirigentes sindicales que sirven al mejor postor.
Acusar a los vecinos de ser secuestradores resulta conveniente para sus intereses y, por lo tanto, proceden a hacerlo sin ningún escrúpulo de conciencia. Calculan, de manera equivocada, que con ello debilitan la lucha emprendida por la población. Pero se equivocan de cabo a rabo. Por el contrario, es muy posible que las 60 mil familias de San Marcos que hoy se niegan a seguir siendo víctimas de cobros abusivos, se vean pronto, muy pronto, convertidas en 600 mil a lo largo y ancho del país. Unión FENOSA debe saber que su presencia es considerada indeseable por las organizaciones populares de costa a costa y de frontera a frontera. Y debe saber, además, que su agresión contra el pueblo de San Marcos generará la necesaria solidaridad entre los pueblos. En su lucha, el Departamento de San Marcos no está solo. Por el contrario, lo acompañan la dignidad y la voluntad de lucha de todos los sectores populares. Esa solidaridad se expresará no sólo dentro del país, sino que incluso en su propia casa, allá en España, donde esta gavilla tiene su sede.
D.- Estado de Sitio:
El colmo se produce ayer, cuando el Gobierno de la República, mostrando su ausencia absoluta del mínimo sentido de dignidad nacional y de ejercicio de la soberanía, decreta el Estado de Sitio en el Departamento de San Marcos.
Transcribimos literalmente las garantías o derechos que quedan suspendidos mediante el Decreto Ejecutivo:
“Artículo 4. Medidas. Durante el plazo del Estado de Prevención se decretan las siguientes medidas:
1.- Limitar el derecho a la celebración de reuniones y manifestaciones públicas y otros espectáculos que afecten la libre locomoción y los servicios públicos y disolverlas por la fuerza si fuere necesario, salvo que se lleven a cabo con previa autorización;
2.- Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminación alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública u otros espectáculos en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia;
3.- Limitar el derecho de portación de armas salvo para las fuerzas de seguridad.
4.- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro cuando afecten el funcionamiento de los servicios públicos;
5.- Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público; y
6.- Intervenir los servicios públicos prestados por empresas particulares.”
Es decir, el Gobierno, ante una situación de conflicto entre el pueblo guatemalteco y una transnacional, opta por colocarse al lado de la transnacional y arremete contra el pueblo. Decide suspender la Democracia e instaurar la dictadura. Le apuesta a la represión contra el pueblo para favorecer intereses financieros poderosos.
En los considerandos con los que pretende justificar este atropello, el Gobierno expresa, en el Artículo 2, lo siguiente:
“El Estado de Prevención en el departamento de San Marcos se decreta considerando, que grupos de personas inescrupulosas arrogándose facultades que la ley no les otorga realizan actos vandálicos que van en menoscabo de los intereses de la población tales como la obstrucción de la vía pública, sabotaje a la prestación del servicio eléctrico, amenazas y cobros ilegales por la prestación de este servicio, causando con ello anarquía, perturbación de la paz, la tranquilidad de las personas y la seguridad del Estado…”
Ya hemos podido ver, en páginas anteriores, cómo ha sido Unión FENOSA la única sindicada en actos de sabotaje. Ya hemos visto, también, cómo ha sido esta misma empresa la que no sólo amenaza a la población, sino que pasa de las palabras a los hechos y la agrede. Ya hemos visto, en múltiples ocasiones anteriores, cómo es Unión FENOSA una empresa que acude al robo, al cobro ilegal, con tal de llevar dinero del pueblo hasta sus arcas.
Es esta transnacional la causante de anarquía, de inestabilidad, de ingobernabilidad en cada rincón del país, no sólo en San Marcos. Por ello el pueblo ha hecho suya la consigna. ¡Fuera Unión FENOSA!
Cada uno de los móviles con los que el actual Gobierno pretende justificar la represión se le aplica, como anillo al dedo y de manera exclusiva, a Unión FENOSA.
Por otra parte, el Presidente Colom y su gabinete, al declarar este Estado de Sitio, ponen al descubierto no sólo a qué amos sirven, sino, peor aún, la extraordinaria debilidad que, como Estado, existe hoy en Guatemala. Cuando el Estado opta por hacer uso de la fuerza contra el pueblo para imponer su voluntad, es evidente, entonces, que hay una honda contradicción entre la posición del pueblo y la que sostiene el Estado. Si debemos entender que el Estado existe como concreción de un pacto social, de un consenso nacional, entonces estamos ante hechos que demuestran que, en Guatemala, ese pacto está roto.
Por último, Unión FENOSA ha hecho pública su solicitud de que se emitan órdenes de captura contra 250 dirigentes de organizaciones populares. Es decir, que se descabece el movimiento que demanda la nacionalización de la energía eléctrica. En síntesis, invita al Gobierno a que retroceda un siglo en la historia del país; a que implemente prácticas profundamente anti-populares, de corte filo-fascista, similares a las que privaron en España durante la dictadura franquista, desde donde probablemente las aprendieron.
Los medios de prensa anuncian que se han emitido por lo menos 130 de esas órdenes de captura solicitadas.
Con todo ello, Unión FENOSA y el Gobierno le regalan al pueblo un triste presente de Navidad. Pretenden sembrar terror e incertidumbre. Buscan hacer del miedo un arma colocada al servicio de la codicia.
En todo caso, está claro que, en San Marcos y en toda Guatemala, el pueblo no se rinde. Que no lo amedrentan con sus bravuconadas, con el uso de la fuerza bruta, con la intransigencia, con prácticas que recuerdan los tristes años de las dictaduras.
Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestra solidaridad firme y activa con cada poblador de San Marcos, con cada luchador y luchadora que ha decidido hacer ejercicio de su dignidad y de su decoro.
Exigimos la derogatoria inmediata de ese Estado de Sitio. El ejercicio dictatorial del poder no debe sustituir, jamás, al ejercicio democrático.
Exigimos, también, la expulsión de Unión FENOSA del suelo patrio, por cuanto su presencia ha demostrado ser lesiva para los intereses nacionales. Pero que además proceda judicialmente en contra de esta empresa por sus delitos de sabotajes, terrorismo y violaciones a su propio contrato.
Demandamos del Estado que se declare sin lugar la solicitud de órdenes de captura.
Instamos a la comunidad internacional a manifestar su repudio a esta situación que ha sido impuesta al pueblo y que favorece, de manera exclusiva, los intereses de Unión FENOSA.
La Lucha sigue
23 de diciembre de 2009 Frente Nacional de Lucha
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