30 de setembre del 2013

La Interminable “Fiebre de Oro” de Goldcorp en Guatemala

Provocando Divisiones y Daños Interminables
FotoGrahame Russell

Al mismo tiempo que se difunde la película documental “La Fiebre del Oro” en diferentes partes del mundo (ver abajo para mayor información), tuve la oportunidad de visitar algunas de las comunidades Maya-Mam en San Miguel Ixtahuacan (San Marcos, Guatemala)que vienen padeciendo los daños y las violaciones de la mina a tajo abierto que filtra cianuro, la mina Marlin, que pertenece a Goldcorp.

El 16 de setiembre de 2013, Diodora Hernández (protagonista de la Fiebre del Oro) y su hija María nos dan la bienvenida en el camino a cuestas que llega hasta su terreno cerca de la mina.

En julio de 2010, dos hombres que trabajaban en la mina intentaron asesinar a Diodora por negarse a vender su terreno a la empresa subsidiaria de Goldcorp en Guatemala. La bala entró por su ojo derecho y salió cerca de su oreja derecha. Sobrevivió de milagro, y ¡aún se niega a vender su terreno hoy!

Aunque se conoce de las personas que intentaron matarla y Goldcorp reconoció que los dos hombres trabajaban (¿trabajarán aún?) en su mina, no se ha hecho justicia por este caso de represión vinculada directamente a la mina, que es uno de muchos casos.
Grahame Russell, Guatemala, 23 de Setiembre de 2013

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Comunicado: Agresión a los pueblos Q’anjob’al, Akateko, Chuj y mestizo de la Región Norte del departamento de Huehuetenango de parte del Presidente y comandante en Jefe del Ejército Nacional, General Otto Fernando Pérez Molina

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EXPRESAMOS:

La agresión actual a los pueblos Q’anjob’al, Akateko, Chuj y mestizo de la Región Norte del departamento de Huehuetenango, de parte del Presidente y comandante en Jefe del Ejército Nacional, General Otto Fernando Pérez Molina, quien en conferencia de prensa resaltó la importancia rica de los recursos hídricos, minerales, petrolero y forestales. Estas agresiones, son parte del nuevo proceso de invasión transnacional tutelado por los gobiernos que se turnan en el poder e implantan proyectos de saqueo en nombre de un Falso Desarrollo. Estas acciones, se enmarcan dentro de una estrategia de carácter contrainsurgente que hacen recordar y revivir el conflicto armado interno de los años ochenta, donde los militares orquestaban planes de agresión y violentaban derechos humanos fundamentales de la sociedad civil; los días 28, 29 y 30 de septiembre del presente año, han usado helicópteros a vuelo rasante, vehículos artillados, tropas del ejército y elementos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, para aterrorizar a la población. Toda la estrategia de invasión ha utilizado desproporcionadamente a los elementos policiales y militares con características de estado de Guerra, en la cual se ha ocasionado la muerte de ciudadanos y varios heridos; ésta, es una responsabilidad imperdonable del Estado. Estas conductas represivas y terroristas, pretenden paralizar las luchas pacíficas y legítimas en defensa del territorio de los pueblos. Las licencias han sido otorgadas a las empresas en territorios donde existimos, vivimos y que hemos cuidado por miles de años.y no permitiremos que nos destruyan. 

POR LO TANTO: Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncie y se solidarice con los pueblos que conviven en Guatemala. Mantendremos una vigilancia y observancia permanente de los derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos, porque los ataques continúan en contra de la población civil de Barillas. 

EXIGIMOS: 1. Al Gobierno y sus Ministros que respeten los derechos humanos y colectivos de los pueblos así como dejar de mentir y confundir a la comunidad nacional e internacional. 2. El retiro de todas las tropas del ejército y fuerzas especiales de la PNC del Norte de Huehuetenango, garantizando la protección de los derechos humanos y no al servicio de las empresas transnacionales. 3. La cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas, petroleras y otros mega-proyectos otorgados en el departamento, que son las causas del socavamiento de la paz y la libertad de los pueblos. 4. El respeto a las consultas comunitarias expresadas desde el año 2,006 hasta la fecha.

LOS PUEBLOS Q'ANJOB'AL, CHUJ, AKATEKO Y MESTIZO HAN CUIDADO HISTORICAMENTE EL TERRITORIO PARA QUE TODOS Y LAS FUTURAS GENERACIONES. LOS PUEBLOS SOLO QUEREMOS QUE NOS TRATEN COMO PERSONAS Y QUE NOS DEJEN VIVIR EN PAZ Y EN ARMONÍA CON LA MADRE NATURALEZA.

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LOS PUEBLOS DE HUEHUETENANGO ADH. MIEMBROS DEL CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE, CPO.

Huehuetenango, 30 de Septiembre del año 2,013
Consejo de los Pueblos de Occidente

21 de setembre del 2013

Tribunal da trámite a demanda contra dirigente del CUC


El presidente de la Fundación Contra el Terrorismo Guatemala (FCT), Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, interpuso una querella en contra de Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), por delitos de difamación, calumnia e injuria.


CIUDAD DE GUATEMALA - La demanda de Méndez-Ruiz Valdés se tramita en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, y en ella se indica que Pascual utilizó los medios de comunicación para emitir comentarios falsos en su contra, en los cuales le responsabiliza por un atentado armado que sufrió en San Juan Sacatepéquez.

Además, Pascual dijo que el presidente de la FCT organizó los hechos violentos contra la población de Santa Cruz Barrillas, por oponerse a las operaciones de la hidroeléctrica; y por dirigir una supuesta estructura paralela de inteligencia y seguridad. El Tribunal aceptó conocer la querella y citó a Pascual y Méndez-Ruiz Valdés para el 13 de noviembre, para el desarrollo de una audiencia conciliatoria.

POR JERSON RAMOS / Guatemala
Prensa Libre

20 de setembre del 2013

Guatemala, caso 118/2012: acoso y derribo a la justicia


Esta semana pasada se dio una resolución judicial en la Torre de Tribunales que no fue tan conocida ni publicitada como la que en el pasado mayo dictó la Corte de Constitucionalidad sobre el caso de genocidio que se seguía con Rios Montt. Pero la sentencia del Tribunal A de Mayor Impacto sobre la muerte de don Andrés Pedro Miguel supone una bofetada mucho mayor a la justicia y puede tener consecuencias aun impredecibles.

Publicado en Periodismo Humano
Por Santiago Bastos -Prensa Comunitaria

16 de setembre del 2013

El pico del conflicto minero

Foto: Sandra Sebastián

Los hechos violentos alrededor del conflicto minero en San Rafael Las Flores y los municipios aledaños arrancaron en septiembre de 2012, acabaron con la vida de cuatro personas, y se extendieron durante ocho meses. Todavía nadie sabe responder por qué la escalada de violencia ni a ciencia cierta quiénes son sus responsables.

Durante ocho meses, las manifestaciones contra la minería en Santa Rosa y Jalapa se tornaron violentas: se quemaron casas, equipo y vehículos de la empresa minera, públicos y privados: hubo más de medio centenar de heridos; y, murieron cuatro personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las acusaciones se repartieron. El Ejecutivo tuvo un discurso flácido, inconsistente: primero inculpó al partido Libertad Democrática Renovada (Lider); después se contradijo y responsabilizó a las organizaciones ambientalistas que trabajan en la zona; y terminó asegurando que grupos del crimen organizado y narcotráfico se habían infiltrado en el movimiento social.

Plaza Pública

15 de setembre del 2013

Informe del 2013 al Consejo de Derechos Humanos. Estudio sobre las industrias extractivas y los pueblos indígenas


Informe del 2013 al Consejo de Derechos Humanos. Estudio sobre las industrias extractivas y los pueblos indígenas. Documento

10 de setembre del 2013

Consternación y dolor por masacre contra pobladores de San José Nacahuil


San José Nacahuil es una de las comunidades del municipio de San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala. En esta comunidad están asentado el pueblo Kaqchikel y el territorio es compartido con pobladores mestizos. San José Nacahuil del mismo modo que las demás de otras comunidades de este municipio y San José del Golfo, se han caracterizado por su fuerte resistencia a la construcción de la Mina “El Tambor”, proyecto minero Progreso Siete Derivada, propiedad de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Asocciates KCA y a la empresa EXMINGUA.

Su oposición organizada les ha encaminado a mantener por más de 1 año, una toma pacífica de la carretera comunitaria que conduce de San José del Golfo a la entrada del proyecto minero, es en este punto que se encuentra la resistencia pacífica que se conoce con el nombre de “La Puya”. Está ubicada geográficamente a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Prensa Comunitaria

9 de setembre del 2013

Actores armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil,asesinando a 11 personas e hiriendo gravemente a otras 15, entre las que se encuentran varias niñas


GUATEMALA.- La noche del 7 de septiembre de 2013, actores armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil,asesinando a 11 personas e hiriendo gravemente a otras 15, entre las que se encuentran varias niñas. Según denuncia la comunidad, los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los pobladores, en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC).
La comunidad, que tiene sus propias autoridades y que desde 2005 es responsable de su seguridad interna -no había presencia policial desde entonces-, se ha caracterizado por una decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina "El Tambor".

La resistencia de La Puya
Los habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se vienen organizando desde el año 2010 en un movimiento social de resistencia frente a los impactos que identifican y en base a derechos reconocidos en Guatemala. En el 2011 se inició la construcción de la Mina "El Tambor" -proyecto minero Progreso Siete Derivada- operada por la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Asocciates KCA y la guatemalteca Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (EXMINGUA). Este proceso se vio paralizado por la resistencia pacífica de los pobladores de ambos municipios.
Desde marzo de 2012, el plantón pacifico en La Puya -el nombre con el que se conoce al campamento establecido a la entrada de la mina- es el principal instrumento que el movimiento de resistencia ha desarrollado frente al proyecto de minería. Dicho plantón se inició a raíz de que un vecino impidió el paso a un camión de la minera y se le sumaron otras personas del lugar. Desde entonces, vecinos y vecinas mantienen una presencia continua en La Puya.Su lucha se ha convertido, en poco tiempo, en un caso emblemático de resistencia pacífica frente a la minería en Guatemala, logrando hasta la fecha poner en cuestión la proyección minera en el área y evitar el avance de trabajos de explotación con los que no están de acuerdo. Una gran parte de la población perteneciente a pueblos cercanos potencialmente afectados por la minería, forma parte de la resistencia. 

La comunidad de San José Nacahuil ha participado desde un inicio en este movimiento, habiendo participado en distintas acciones de resistencia pacífica (recientemente, impidieron el ingreso de los vehículos de la empresa distribuidora de electricidad).

El proceso de intimidación previo y las alertas comunitarias

El movimiento de resistencia pacífica de La Puya alertó en un comunicado que desde el 31 de agosto que los activistas contra la minera estaban siendo intimidados por la PNC, comprobándose la presencia de patrullas que no son de la jurisdicción a esos municipios. Ante estos hechos, representantes del movimiento acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y presentaron una queja al Secretario del Director de la PNC, para pedir explicaciones, sin que estas instancias pudieran justificar la presencia irregular.

Los activistas señalan que, a partir de sus experiencia de resistencia pacífica, se han podido percatar de "que acciones como éstas sirven de preámbulo para ejecución de acciones represivas en contra de la resistencia: intentos de desalojos o bien acciones intimidatorias en contra de mujeres y hombres que hacemos parte de La Puya." En dicho comunicado denuncian que "con estas acciones, queda claro que las autoridades encargadas de la seguridad pública no tienen conciencia social y en lugar de optimizar los recursos puestos a su disposición para prevenir hechos delictivos, los están utilizando para intimidar a las comunidades que estamos en pleno uso de nuestros derechos."

La masacre del 7 de septiembre de 2013
Como relata el comunicado emitido por la comunidad y por distintas organizaciones sociales, el 7 de septiembre a las 22:45 horas ingresó una patrulla policial a las comunidad, "revisando tiendas de productos diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas", en una actitud que no es usual en Nacahuil -cabe recordar que la seguridad interna está en manos de las autoridades comunitarias, una vez decidieron expulsar a la PNC en el año 2005-. Poco tiempo después, ingresó al pueblo un grupo armado a bordo de un coche no identificado, que disparó indiscriminadamente sus armas en las principales calles de la comunidad, "con mayor atención a los negocios que estaban abierto a esa hora". El saldo que dejaron fue de al menos 11 personas muertas, y 15 gravemente heridas, entre ellas, dos niñas. 

Si bien diferentes medios de comunicación adjudicaron en las primeras horas, la masacre a un enfrenamiento de pandillas, esta versión fue tajantemente negada por las autoridades comunitarias de Nacahuil, que denuncian la manipulación de los medios, rechazaron las declaraciones del Ministerio de Gobernación y exigen que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar el territorio. Recuerdan también que los índices de criminalidad en la comunidad se redujeron desde que la PNC fue expulsada, en 2005.

Estos hechos se dan a pocas semanas del aniversario de la masacre de Totonicapán -4 de octubre de 2012-, en la que miembros del Ejército asesinaron a 8 activistas indígenas, y en el marco de un proceso de criminalización de los movimientos sociales y demilitarización de los territorios indígenas que ha dado lugar a la declaratoria de dos estados de sitio para defender los intereses de las transnacionales.


Consejo de los Pueblos de Occidente

2 de setembre del 2013

Todo el dolor (y la rabia transformadora) de Monte Olivo


La indiferencia de medios de comunicación y actores político-económicos ante el asesinato de dos niños en Monte Olivo, Alta Verapaz, revela la estrecha connivencia entre poderes empresariales, gobernantes y mediadores de opinión, tanto nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, los silencios institucionales alientan la impunidad y facilitan que hechos similares, incluso de mayor gravedad, vuelvan a repetirse.

En el análisis de los asesinatos de Monte Olivo es necesario tener en cuenta al menos cuatro elementos estructurales, que rebasan una visión local e individualizada (agresor en estado ebrio quien, de forma casual, comete un hecho condenable, sin que la empresa y gobernantes tengan responsabilidades).


Andrés Cabanas
Albedrío
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David y Ageo viven


Cuando el territorio de Tezulutlán comienza a ser devorado y devastado por la ambición inhumana del poder finquero o el poder del patrón, que quiso hacer de los pueblos originarios (ch’ol, lakandon, ak’ala’, q’eqchi y poqomchi) sus súbditos, sumisos y obedientes, se inicia el choque entre dos ethos. El ethos del finquero y el ethos comunitario. Dos ethos imposibles de articularse y armonizarse, porque el primero es depredador y el segundo es armónico y respetuoso. Hoy, después de muchos años, el ethos finquero sigue haciendo estragos al ethos comunitario.

Al igual como lo hicieron cuando este territorio fue presa del capital alemán o del capital belga. Así, hoy el capital transnacional aliado al capital nacional sigue rompiendo el tejido social comunitario, sin importarle que esto pueda causar muertes y daños profundos en la vida de los pueblos indígenas de la región.

Las comunidades q’eqchi y poqomchi hoy siguen defendiendo lo poco que les queda, porque es su vida y su futuro. Pero esta forma de vida, hasta el momento no ha sido atendida ni entendida por los grupos de poder existentes, y a fuerza de todo, teniendo el aparato estatal a su favor, hacen y deshacen con la vida de las comunidades.

Kajkoj Máximo Ba Tiul/Siwan Tinamit

Rebelión
Prensa Libre

1 de setembre del 2013

Historia Monte Olivo. Elaborada por organizaciones sociales e indígenas

En el año 2008 el ministerio de Energia y Minas concede la licencia para la construcción de la hidroeléctrica con el nombre HIDRO SANTA RITA, S.A. la cual pretenden construir en el Rio denominado “Dolores” que forma parte de la cuenca baja del Chixoy. La empresa compra terrenos de la finca Xalaha Canguinic, lugar en el cual construirán la represa, que tendrá una capacidad de 25 megavatios, es decir que se encuentra dentro de la categoría de medianas hidroeléctricas.

En el año 2009 empieza a tener presencia la ONG Centro de Estudios para El Desarrollo Rural CEDER, quienes empiezan a implementar proyectos asistencialistas como donación de tinacos, pilas, becas para estudiantes, escritorios y útiles escolares. Cuando ya la ONG se ha instalado y tiene presencia en las comunidades, se empieza a promover la construcción de la hidroeléctrica en la zona, tratando de convencer a las comunidades que acepten su construcción, ya que beneficiaría con trabajo y desarrollo para las comunidades. Esto lo hacen de diversas formas, tratando de que COCODES firmen actas en favor de la empresa, además de condicionar a las comunidades que manifiestan su inconformidad de no darles proyectos si no aceptan la hidroeléctrica.

Documento elaborado por: 1 CUC, CPT, ADICI, ASECSA. PRODESSA, COMITÉ AGRICOLA CAMPESINA, CONGCOOP, ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO, DEFENSA DE LA TIERRA Y DE LOS RECURSOS NATURALES, IXCÁN –ACODET-, CODEMAV, AVANCSO, AJODER, SANK, ASOMADIC, FRENTE PETENERO CONTRA REPRESAS, FRENTE GUATEMALTECO DE AMENAZADOS Y AFECTADOS POR REPRESAS –FGARDA-, GRAN CONSEJO DE AUTORIDADES ANCESTRALES MAYAS, GARÍFUNAS Y XINCAS, UNION VERAPACENSE DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS –UVOC-, ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD –CEIBA-.

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