29 de maig del 2009

¿Se construye hoy una moderna Caja de Pandora?


Unión FENOSA, Iberdrola, Gas Natural, REPSOL, Jaguar Energy, Duke Energy, Teco Energy, EEGSA, DEORSA, DEOCSA, la Caixa…

Cuenta la mitología griega que en la antigüedad existía una caja que en su interior contenía todos los males conocidos por la especie humana, incluidos algunos que aún nos falta por conocer. Pandora, a quien la caja fue entregada para su custodia, dominada por la curiosidad cometió el fatal error de abrirla y, al hacerlo, dejó escapar la codicia, la avaricia, la envidia, la mentira, el engaño, la maledicencia, la venalidad, el irrespeto, la injusticia, las prácticas políticas de derecha, los políticos y empresarios corruptos, los militares fascistoides y todos los otros miles de demonios que, desde entonces, acosan incansablemente a toda la humanidad.

Sin embargo, cuando hoy hablamos de una caja desde la cual brotan toda suerte de males y demonios, no hacemos referencia solamente a historias viejas ni a eventos extraídos desde la febril fantasía de nadie. Al parecer, está en proceso de construcción, y con paso acelerado, una versión moderna de la Caja de Pandora, quizás incluso peor aún que su antecesora mitológica, y está activa, muy activa, cuando menos en lo que se refiere a su impacto negativo y profundo sobre la realidad guatemalteca.

Nos referimos al grupo empresarial llamado Gas Natural y a sus múltiples empresas asociadas, tanto en España como en el resto del orbe. La empresa Gas Natural compró, recientemente, a Unión FENOSA y, con ello, asumió entonces las cuentaspendientes que Unión FENOSA tiene en Guatemala y en otras partes del mundo. En el caso concreto de nuestro país, esas cuentas son muchas y cada una de ellas ahora las hereda, con toda propiedad, Gas Natural. Por ende Gas Natural, a través de Unión FENOSA, desde España clava sus largas uñas en las carnes blandas del resto del mundo, Guatemala incluida.

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Guatemala, 28 de mayo de 2009
Frente Nacional De Lucha

22 de maig del 2009

Diputados delincuentes


El pasado 19 de mayo, nos despertamos con la noticia de que el PP y el PSOE se aliaban para recortar la aplicación de la Justicia Universal. La verdad es que no sorprendió a nadie, el Ministro de exteriores Miguel Ángel Moratinos ya anunció, bastante asustado, ante los reclamos de un ministro ultraderechista israelí que cambiaria la Ley. Así como suena, que cambiaria la ley española para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Y decimos criminales de guerra porque ni las autoridades israelíes ni el Fiscal español que se opone a la investigación en la Audiencia Nacional del asunto de la masacre de Al Daraj Gaza, han argumentado que no lo sean, lo que han dicho es que España no es competente. Y como España según las Convenciones de Ginebra, en concreto la cuarta, según el artículo 96.1 de la Constitución, según el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 327/2003, (caso Guatemala), no puede eludir la aplicación de la Ley sobre esos criminales, y según las normas emanadas de su propio parlamento es COMPETENTE, los diputados del PP y del PSOE, deciden cambiar la ley para dar IMPUNIDAD a estos criminales. A estos y a todos aquellos que han cometido crímenes tan horrendos, pues no debemos olvidar que la Jurisdicción Universal es para esos crímenes y no para todos los delitos, los crímenes más graves contra la humanidad, humanidad que no olvidemos somos todos.
El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sería como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alían para cambiar la ley sobre el tráfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autónoma se apodera del dinero público en su beneficio, vamos a cambiar el código penal para darle impunidad.
Es evidente que ese actuar sería no solo una falta de respeto al parlamento que en su día legisló lo que ahora se intenta recortar, si no y además, y esto es lo importante, seria incluso constitutivo de delito, pues a nadie se le escapa que se esta legislando para dar impunidad a delincuentes, saltándose a la torera todas las normas nacionales e internacionales que obligan al juzgamiento. Este tipo de actuar, aunque emane de los diputados de un parlamento, esta también tipificado en nuestro Código, y por ello se lo quiero recordar a los señores diputados que seguramente voten sin tener pleno conocimiento de lo que votan.
El Artículo 451 de nuestro Código penal vigente, que los señores diputados deberían conocer, o cambiar, que a lo mejor se les ocurre, dice lo siguiente:

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

1.Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.
2.Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.

3.Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo u homicidio.

2.Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.

En noviembre del 2003, ustedes en una ley orgánica aprobada en el parlamento del que ustedes son diputados aprobaron la introducción de la circunstancia primera que habla de que el encubrimiento lo sea de un delito de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos, justo lo que ustedes están haciendo.

De aprobar esa modificación del artículo 23.4, no solo estarían dando cobijo a la impunidad encubriendo unos criminales y por tanto delinquiendo según las leyes que ustedes mismos han aprobado, sino y además estarían incumpliendo las convenciones de Ginebra las cuales se han comprometido a respetar y hacer respetar sin olvidar las obligaciones contraídas en el ámbito de la Asamblea General Naciones Unidas que les impiden actuar tomando este tipo de medidas legislativas, en concreto las obligaciones contraídas en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, en la cual se determinaron los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad, y en concreto y para el caso en su punto 8 se dice: “ Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad “. Precisamente lo que ustedes pretenden hacer.

Por ello señores diputados, de aprobar semejante modificación legislativa se convierten en auténticos delincuentes tanto en el ámbito interno como a nivel internacional, les ruego que puesto que, ya que evidentemente, no les importan los derechos humanos al menos piensen en ustedes y recapaciten en su actuar, dejando la ley como está, ya que la misma solamente perjudica a los criminales y beneficia al resto de la humanidad.

Antonio Segura
Abogado, autor entre otros de la querella de Guatemala, de Gaza, de Guantánamo y de los Españoles en Mauthausem


Llegiu també l'article publicat a el diari Público:

Golpe a la Justicia universal

per Javier Chinchón Álvarez, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

21 de maig del 2009

Declaración política de URNG-MAIZ ante la agudización de la crisis nacional


Para el Estado y la sociedad de Guatemala es urgente que el gobierno de Álvaro Colom implemente medidas que marquen claramente y con fuerza, el inicio de la solución de la actual crisis ética, política, económica, jurídica y social.

El debilitamiento del Estado y su actual crisis son producto de la imposición del modelo neoliberal, la voracidad del poder económico, la corrupción, la incorporación del narcotráfico y el crimen organizado a los grupos de poder y que les permite operar con plena impunidad.

Ante la perspectiva histórica que se abrió con los Acuerdos de Paz, los sectores oligárquicos y las fuerzas políticas de derecha se han empeñado en mantener el estado de cosas; no han cumplido con los Acuerdos de Paz y la construcción de un Estado democrático, participativo y con justicia social. Esta situación amenaza con destruir la limitada democracia existente. Por el momento no es posible pensar en una solución pronta, integral y completa, pues el daño estructural e institucional es de dimensiones incalculables.

Agravan la situación los señalamientos que se dan alrededor de Banrural y la existencia de propuestas para que se efectúen cambios en su junta directiva. El gobierno, previo a efectuar cambios está obligado a esclarecer los graves señalamientos, deducir las responsabilidades y aplicar lo conducente dentro de la institucionalidad del Estado. Debe también, en función de lo que se recomienda desde los Acuerdos de Paz, efectuar las transformaciones del caso, para que sea realmente y de manera efectiva, una banca de desarrollo nacional, con participación social.

Ante la situación descrita URNG/MAIZ declara:

1. Que lamenta el asesinato del Licenciado Rodrigo Rosemberg y demanda que las autoridades responsables de la persecución criminal, con la celeridad y profundidad que el caso amerita, sin injerencias que pongan en duda la independencia e imparcialidad de la investigación, y con la participación de la CICIG, garanticen la objetividad en este proceso, y que de la misma manera en que se conoció esta situación, se de a conocer los resultados del mismo para dar cumplimiento al debido proceso. Al mismo tiempo exige que se esclarezcan los asesinatos del señor Khalil Musa y su hija Marjorie, y los asesinatos del testigo protegido del caso de Efraín Bámaca, y el de Oscar Gramajo dirigente de los vendedores del mercado de Cobán,

2. Que apoya la aprobación de la ley de postulaciones para poder contar con una Corte Suprema de Justicia y magistrados de apelaciones que sirvan a la justicia en el país.


3. Insistimos que la solución parcial de la crisis, pasa por la aprobación de una reforma fiscal que le proporcione recursos al Estado para el impulso de las políticas públicas de alcance social que son urgentes para el país.

4. En este plano, urgimos a la aprobación de la Política de Desarrollo Rural Integral, que pasa por la superación de la problemática agraria, consensuada con las organizaciones sociales, indígenas y campesinas, acceso a los servicios públicos de salud y educación en forma gratuita, y sobre todo garantizar la seguridad con democracia.

5. Asimismo, demandamos una Política que termine con la impunidad para la especulación en los precios y los bajos salarios; que proteja realmente los derechos de las y los consumidores. También deben aplicarse políticas que fortalezcan la justicia social para terminar con la exclusión y la polarización existentes.

6. Por este medio, nuevamente se hace un llamado a las expresiones sociales y populares, sindicales y campesinas, de indígenas, mujeres y jóvenes, a no abandonar sus luchas reivindicativas, a redoblar esfuerzos por conquistarlas y no permitir que les cierren los espacios de lucha y participación social y políticas, arrebatados a los detentadores del poder a lo largo de las luchas históricas del pueblo de Guatemala.

7. A la militancia de URNG/MAIZ, se le indica que debe sumarse a la construcción del poder popular, buscando su unidad de lucha y acción, para el impulso de la alternativa de superación y solución de la problemática, y la reconstrucción del Estado Democrático de Derecho, por medio del impulso del programa político del partido.


¡¡¡ OTRA GUATEMALA ES POSIBLE !!
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL


Guatemala 21 de Mayo de 2009 URNG - MAIZ

15 de maig del 2009

¿Crimen de Estado o conjura política? Caso Rosenberg: trama política pone al país al borde de una crisis sin precedentes

¿Hay un plan desestabilizador? Esta pregunta es la que ronda en el ambiente tras una serie de asesinatos en los que sobresale el caso del abogado Rodrigo Rosenberg y las serias denuncias que hiciera en un vídeo y una declaración por escrito. Las fuertes acusaciones hacia el mandatario Álvaro Colom y su esposa Sandra de Colom, como los principales responsables de su muerte, crearon un escenario que podría conducir a uno inédito de ingobernabilidad que puede estremecer la institucionalidad del país y con severos efectos en la economía nacional, resentida ya por la crisis económica mundial. Los graves señalamientos hechos por Rosenberg hacia una variedad de figuras que tienen en común estar entre los principales financistas de la
campaña electoral del partido gobernante, y ser un soporte fundamental del gobierno de Colom, despertó un sinfín de preguntas.

El vídeo, cuya autenticidad no se cuestiona, no así su contenido, fue elaborado y distribuido por dos figuras con una larga trayectoria vinculada a movimientos desestabilizadores y estructuras paralelas. En parte, pareciera ser ésta la explicación de la posición del gobierno para denunciar que detrás de estos crímenes y la aparición pública del video, hay un plan desestabilizador. La CICIG, entidad encargada de investigar el caso a solicitud del gobierno, tiene una tarea cuesta arriba y el futuro del gobierno como el de la misma instancia dependerán en buena parte del rumbo que tome el caso.

Por: Luis Solano

Edición: 1799 Publicado: 15/05/2009
Inforpress Centroamericana

Vegeu la notícia sencera

13 de maig del 2009

Comunicado de la URNG-MAIZ ante la grave situación que vive el país


Guatemala vive en la actualidad una agudización de la crisis ética y política, de carácter histórico y de causas estructurales. El Estado monoclasista, etnocéntrico y patriarcal que conduce a nuestra sociedad ha fracasado. Este Estado es el hilo conductor ante la historia del poder colonial, criollo, oligárquico y militarizado, remozado a partir de 1871 y fortalecido en términos represivos a partir de 1954. Solamente durante el período de la Revolución de Octubre de 1944 se hizo el esfuerzo nacional por cambiar la situación.

El poder económico en Guatemala sustentado en sus propias raíces estructurales, se ha fortalecido en términos económicos y políticos, convirtiéndose en el sector hegemónico del poder real. Este grupo de poder ha sido penetrado también por el crimen organizado y el narcotráfico, hecho que determina a su vez el cautiverio en que estos poderes mantienen al Estado, por lo tanto controlan y castigan a la sociedad. Es de señalar que algunos sectores del poder económico tradicional también son víctimas de la situación.

Los grados de criminalidad prevalecientes en el país están determinados por esa situación. Los mecanismos de impunidad están institucionalizados a partir de las estructuras que el Estado creó dentro del período contrainsurgente, los cuales aún operan protegidos por las condiciones políticas y jurídicas que se crearon, para aplicar la represión en contra del pueblo guatemalteco durante más de cuarenta años.

En esta coyuntura de crisis total se observan intentos por destruir el frágil Estado de derecho y la debilitada institucionalidad democrática, para implantar nuevas formas de dictaduras liberales dentro de la fase del capitalismo neoliberal, es decir, que pretenden cerrar las posibilidades al desarrollo de la democracia real, funcional y participativa con justicia social, dentro de un Estado democrático de derecho, pluricultural, multiétnico y multilingüe, con equidad de género y generacional.

URNG-MAIZ ante esta situación, exhorta a la población guatemalteca sobre la gravedad de los hechos, a su vez la insta a no dejarse manipular por las maniobras políticas de los grupos de poder y de sus partidos políticos de derecha, así como a no caer en las maniobras evasivas que el gobierno implementa ante esta situación, pues él mismo al hacerse la víctima, a la par impulsa sus políticas de Estado para garantizar la imposición de los intereses económicos y políticos de los grupos de poder del país.

Sobre la base de lo señalado, invita a la población y a su militancia a:

Continuar con sus luchas reivindicativas en lo económico, social, político y cultural.

Mantener y fortalecer la organización social y popular para no permitir el rompimiento de la institucionalidad del Estado y sobre todo, los espacios de participación social y política arrebatados a los grupos de poder, como producto de las luchas históricas que se han librado en Guatemala.


Tener confianza plena que la actual situación solo se supera totalmente, con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz expresados en el programa político de URNG-MAIZ.

13 de mayo de 2009
URNG-MAIZ

12 de maig del 2009

Una importante victoria del pueblo


Tras una dura y difícil negociación, que se prolongó durante meses, por fin el pasado 7 de Mayo del año en curso se firmó el nuevo Pacto Colectivo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, SNTSG, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lo primero que debemos tener claro todos y todas es que un Pacto Colectivo es, tradicionalmente, un acuerdo suscrito entre un Sindicato y un empleador, en el cual ambas partes se ponen de acuerdo respecto a temas sobre derechos laborales que son de interés común. Los contenidos suscritos en un Pacto Colectivo adquieren rango de Ley Profesional y, por ende, de cumplimiento obligatorio e inexcusable para las partes firmantes.

En este caso al que nos referimos, el empleador que suscribe el Pacto Colectivo es el Ministerio de Salud, es decir, la institución pública responsable de garantizar la buena prestación de un servicio básico a la población. El acceso a la salud debemos entenderlo como un derecho irrenunciable del pueblo y su adecuada prestación como una obligación indelegable del Estado. El Sindicato, a lo largo del proceso de negociación del Pacto, supo mantener esas dos premisas como ejes rectores y, en consecuencia, logra un Pacto Colectivo que se constituye en una victoria no sólo de los trabajadores y trabajadoras salubristas, sino, además, del pueblo guatemalteco en su conjunto.

Con ello, se sienta un importante precedente. Porque estamos, entonces, en presencia de un Pacto Colectivo en el que se pone de manifiesto la responsabilidad que el nuevo sindicalismo debe asumir de cara al pueblo. En la mesa de negociaciones, a pesar de la oposición manifiesta del Gobierno, el Sindicato veló no sólo porque los derechos de sus miembros quedaran protegidos, sino que incluyó a los de todo el pueblo. Es decir, rompió con las barreras de lo estrictamente laboral, y adoptó posiciones y planteamientos en los que se expresan los derechos e intereses de la población, con énfasis en los que son patrimonio de los sectores populares.

Vegeu l'informe sencer

12 de maig de 2009
Frente Nacional de Lucha