Desde el 2005 la CC viene resolviendo que las consultas comunitarias son inconstitucionales. En ese año estuvo de acuerdo con la trasnacional Montana Exploradora y declaró inconstitucional la consulta de Sipakapa, donde el 98% de las y los vecinos rechazaron la presencia de la Mina Marlin. En el año 2009 la CC, aceptando el argumento de la Cámara de Industria, también declaró inconstitucional la consulta que se hizo en San Juan Sacatepéquez (2007) donde la mayoría de vecinas y vecinos rechazaron la presencia de Cementos Progreso. La Corte rechazó la consulta de San Juan Sacatepéquez, pero en su resolución no tuvo ningún empacho en calificar a la industria cementera como “un bien indispensable para el desarrollo del país”. Y el año pasado la CC batió record de rapidez declarando inconstitucionales las consultas de Mataquescuintla y Santa Rosa de Lima, donde la mayoría de vecinos votó en contra del proyecto minero El Escobal.
Comisión de Paz y Ecología. COPAE
