El desmantelamiento de los Archivos de la Paz es un fuerte golpe a los actuales esfuerzos del país por recuperar su memoria histórica y apoyar los procesos judiciales en contra de violadores de derechos humanos. Si bien los archivos fueron fundados hasta el año 2008 (durante la presidencia de Álvaro Colom), en este breve tiempo de funcionamiento logró digitalizar alrededor de dos millones de documentos gubernamentales relacionados con el conflicto armado interno.
Los Archivos de la Paz también han publicado nueve informes relevantes sobre la desaparición forzada, el tráfico de niños, el conocido Estado Mayor Presidencia (EMP) y los archivos de la Policía Nacional. Su personal ha proporcionado informes periciales al Ministerio Público en varios casos clave de derechos humanos, incluyendo el actual juicio por genocidio contra el ex jefe de Estado, Efraín Ríos-Montt, asociado a las masacres realizadas en el área ixil en 1982-1983.
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