Foto: Sandra Sebastián |
Durante ocho meses, las manifestaciones contra la minería en Santa Rosa y Jalapa se tornaron violentas: se quemaron casas, equipo y vehículos de la empresa minera, públicos y privados: hubo más de medio centenar de heridos; y, murieron cuatro personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las acusaciones se repartieron. El Ejecutivo tuvo un discurso flácido, inconsistente: primero inculpó al partido Libertad Democrática Renovada (Lider); después se contradijo y responsabilizó a las organizaciones ambientalistas que trabajan en la zona; y terminó asegurando que grupos del crimen organizado y narcotráfico se habían infiltrado en el movimiento social.
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