Por Alejandra Álvarez. (Períodico Prensa Libre) Habitantes de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, tienen opiniones encontradas sobre los beneficios que la mina Marlin deja a esa región. Mientras unos defienden a la empresa extractora —Montana Exploradora de Guatemala—, otros aseguran que los más de Q23 millones que ha recibido la comunidad en concepto de regalías no es nada en comparación con los más de Q4 mil millones que la compañía ha obtenido por producto comercializado, en cuatro años de operaciones.
Según el reporte anual de Goldcorp Inc, de Canadá —subsidiaria de Montana Exploradora de Guatemala—, la empresa registró en el 2008 unos US$258.1 millones en ingresos, y una ganancia en operación de US$100 millones, por la mina Marlin.
Ese año la producción alcanzó las 241 mil 400 onzas de oro, de las cuales, 241 mil 300 fueron vendidas. El precio promedio de la onza en el mercado internacional fue de US$870. Si tomamos en cuenta que a la empresa le cuesta US$191 producir cada onza, estamos hablando de una ganancia de US$679, por unidad.
Estas cifras colocaron a Marlin en la tercera posición de rentabilidad, después de las minas Alumbrera, en Catamarca, en Argentina la cual reportó US$135.3 millones de utilidad, y Red Lake, en Ontario, Canadá cuya explotación dejó US$231.5 millones de utilidad.
Rosa María De Frade, diputada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, opina que el principal beneficio que Goldcorp Inc. tiene al operar en el país es que únicamente paga el 18 por ciento —aproximado— de tasa efectiva de impuestos, mientras que en otras minas del continente pagan entre el 42 y 64 por ciento —en Canadá, 63.80 por ciento; México, 62.90; EE. UU., 45.90; y Argentina, 42.50—.
Otra de las ventajas es la variación que ha tenido el precio del oro en el mercado internacional en los últimos cuatro años: US$474.3 cuando montana inició operaciones; y US$870.2 en enero del 2009.
Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos opina que el Estado guatemalteco no está tomando en serio aspectos muy básicos y fundamentales de la problemática.
“Hablo de Estado porque no es solo el Ejecutivo. Las ventajas que se podrían obtener de esa inversión extranjera no son reales porque no son justas”, expresó.
Carlos Meany, ministro de Energía y Minas comparte la idea de que las regalías que recibe Guatemala por la operación minera son bajas. “Deberían estar entre el 4, 5, ó 6 por ciento… según el precio internacional del oro”, expresó.
El funcionario agregó que las comunidades deben ser las más beneficiadas, por lo que sugiere que sean los concejos Departamentales de Desarrollo los que reciban entre el 60 y 70 por ciento del dinero, pero que el tema debe ser ampliamente discutido, por esa razón “el Ejecutivo apoya la moratoria a la Ley de Minería”, puntualizó.
Lo que recibe el país
La Ley de Minería vigente desde 1997 establece que Montana debe pagar al Estado el 1 por ciento de las regalías del producto comercializado. De esa cantidad, el 50 por ciento se debe entregar a la municipalidad propietaria de los terrenos donde opera la mina, en este caso, San Miguel Ixtahuacán.
Nicolás Aguilar, alcalde de este municipio, afirma que esa comuna recibe cada mes entre Q900 mil y Q1 millón 50 por concepto de regalías.
Datos oficiales dan cuenta de que de noviembre del 2005 a diciembre del 2008 la mina Marlin, de Montana Exploradora, tuvo ingresos superiores a los Q4 mil 456 millones, por producto comercializado, y de éstos, el 1 por ciento —Q44 millones 561 mil— fue pagado al Estado de Guatemala, en ese mismo período.
Goldcorp Inc. reporta en su página de Internet que hasta enero del 2009 se pagaron Q294 millones 727 mil 329.69 al Estado de Guatemala, entre impuestos, regalías y aportes voluntarios a la comunidad.
Comunidad sin progreso
Prensa Libre visitó los municipios aledaños a la mina, para conocer de cerca las opiniones de los pobladores y si realmente con Marlin había llegado la prosperidad a sus habitantes.
Pero lo que se encontró fue todo lo contrario. Temor, incertidumbre, frustración, indiferencia y conformismo son algunos de los sentimientos y actitudes que trasladan los habitantes al preguntarles sobre los beneficios que han obtenido de la mina.
Los antiguos propietarios de los terrenos donde opera Marlin nunca imaginaron que sus tierras “valían oro”; por el contrario, algunos aseguran que los obligaron a venderlas, con el argumento de que no eran productivas.
Entre lágrimas, Emitelio Bámaca, de 74 años, recuerda que, en el 2004, promotores de Montana Exploradora ofrecieron Q4 mil por cuerda de terreno, además de empleo y desarrollo para la población. “Nunca nos dijeron que era oro lo que sacarían de aquí… y a algunos los obligaron a vender”, lamenta.
Cuatro años después de iniciada la explotación de metales preciosos —oro y plata— en el lugar, no todos comparten la idea de que esa industria ha dado beneficios para los campesinos que viven allí: “Aquí éramos pobres, y seguimos siendo pobres”, refirió Silvia Pérez, quien reside cerca de la mina.
“Nosotros necesitamos proyectos productivos que nos permitan trabajar cerca de nuestros hogares, porque aquí hace falta empleo”, expresó Timoteo Sánchez, alcalde comunitario de la aldea Pie de la Cuesta, Sipacapa, municipio del que los pobladores se han opuesto a trabajos de explotación, pese a que la mina solo ocupa el 13 por ciento de su territorio.
Representantes de la mina aseguran que más de mil personas laboran en la empresa, entre lugareños y de otros departamentos. Los que fueron contratados dicen estar tranquilos. “Yo no he tenido ningún problema, y lo bueno es que pagan puntual”, asegura Celestino Pérez, quien trabaja desde hace cuatro años con Montana.
Los que no lograron un empleo o fueron despedidos dicen que temen por el futuro medioambiental de la región. “Queremos saber qué pasará con todos los desechos”, expresa Manuel Ambrosio Tojil, de Sipacapa.
Los Q294.7 millones que la empresa reporta como pagados al Estado de Guatemala hasta enero del 2009 —entre Impuesto sobre la Renta, regalías y aportes a la comunidad— no son suficientes, aseguran pobladores.
De hecho, hasta hace algunos meses ni siquiera la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán estaba satisfecha con los más de Q23 millones que Montana Exploradora le ha entregado en estos años.
“Nosotros pedimos más por lo que están haciendo; por eso les presentamos un proyecto de desarrollo, y ahora entregarán Q1 millón mensual, adicional a las regalías”, explicó Nicolás Aguilar, concejal primero de esa localidad.
De cerca
Llegar a Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en vehículo, desde la cabecera de San Marcos, sigue siendo difícil, además de las advertencias de precaución de parte de algunas autoridades, por lo conflictivo de la zona. Se deben recorrer unos 60 kilómetros en camino de terracería.
Aunque la distancia es relativamente corta, el mal estado de la carretera hace que el viaje supere las tres horas. En esa ruta no hay señales de tránsito, y para seguir el camino correcto hacia la mina se debe preguntar constantemente a los pobladores.
Además, este mes el Gobierno efectúa trabajos de reparación en esas arterias, por lo que es común encontrar bloqueos y desvíos.
Los representantes de la mina recomiendan llegar a Marlin a través de la carretera Interamericana, rumbo a Huehuetenango, y cruzar en el kilómetro 241. De ese lado el viaje se lleva menos tiempo, pero la arteria también es de terracería.
En ese tramo las señales de tránsito sí son constantes, y en las comunidades que se encuentran en el camino se observan proyectos de la mina, como cocinas comunitarias en escuelas, botiquines en los centros de salud y postes de alumbrado eléctrico.
Todas esas obras están pintadas de azul y verde, e identificadas con el logo de Montana Exploradora. A un costado de cada una se observa un rótulo con los montos invertidos por la mina (Q24.2 millones en total) y por la comunidad en cada proyecto.
Sin embargo, las personas que viven a la orilla del camino insisten en que las obras no son suficientes y se quejan del constante paso de camiones y el polvo que se “alborota en el ambiente”.
En San Miguel Ixtahuacán hay un tramo de poco más de 19 kilómetros que fue asfaltado por la minera, pero según datos oficiales, eso solo supone el 2 por ciento de las carreteras del municipio.
Los terrenos que hoy son propiedad de la mina están cercados. Los que ya fueron explotados son reforestados por los trabajadores, pero eso tampoco es suficiente para los pobladores, quienes opinan que la tierra quedará contaminada por el cianuro que se utiliza para la extracción de metales preciosos.
Desde diferentes tramos de la ruta se puede observar la represa de cola —compuesta de agua, cianuro y otros desechos de la mina—, la cual se ha convertido en la principal preocupación de los vecinos, quienes cuestionan el futuro de los líquidos que en ella se depositan. “Nuestra tierra está envenenada”, lamentan.
Los representantes de la mina aseguran que una planta de tratamiento limpia el agua que en un futuro se secará, y sobre ese terreno sembrarán árboles, para reforestar el lugar. Los trabajadores, mientras tanto, afirman que no temen ningún problema posterior.
La organización Sierra Madre —creada por la minera— será la responsable de velar por el cuidado ambiental del lugar cuando termine la explotación de metales.
Casas rajadas
Más arriba de la mina, en la comunidad de Ajel, personas se han unido y denunciado en la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias locales que sus casas han afrontado daños.
Los afectados aseguran que las explosiones que efectúa la mina ocasionan sismos que dañan sus viviendas —de adobe—.
Los técnicos de la empresa lo niegan, pero más de 10 residencias tienen grietas que van del suelo al techo.
Otros lugareños dicen que sus casas no han afrontado daños, aunque reconocen que existe temor en el ambiente, por lo que las personas puedan denunciar.
“Nosotros queremos que arreglen nuestras viviendas, pero ellos no quieren”, asegura Gregoria Pérez.
La marcada división entre los habitantes de estos municipios genera confrontación que ninguna autoridad trata de resolver.
Dinero sin control
Hasta ahora, ninguna autoridad da cuenta de cómo se invierte el dinero que mes a mes el Estado capta por las operaciones de Montana Exploradora en el país.
En el 2007, funcionarios explicaron que todo se iba al fondo común, y aunque hablaron de la necesidad de legislar para que esos recursos regresaran a las comunidades aledañas al proyecto, el Congreso aún no ha alcanzado un acuerdo respecto de la Ley de Minería.
En cuanto a los más de Q23 millones entregados a la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, el vicealcalde explica que solo puede dar cuentas del dinero recibido entre enero y diciembre del 2008 —unos Q9 millones—, el cual se invirtió en maquinaria para dar mantenimiento a tramos carreteros.
“Lo que se reciba este año será invertido en nuestro proyecto de desarrollo”, aseguró.
Nueva investigación
Representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notredame de Indiana, EE. UU., iniciarán un estudio sobre los efectos que las operaciones de Montana Exploradora han tenido en San Marcos con la mina Marlin.
La investigación pretende establecer si hay un impacto ambiental negativo para la población y si ésta ha sido víctima de violaciones a sus derechos, indicó Doug Cassel, director del Centro.
La iniciativa de efectuar el estudio surge de la invitación efectuada por la Iglesia Católica de Guatemala a dicha institución internacional, con la cual se firmó un acuerdo de independencia en la investigación.
Según Cassel, el año pasado también fueron invitados por Goldcorp Inc. para efectuar la misma investigación, pero ésta fue rechazada por considerar que la empresa “no ofrecía las garantías de independencia para los resultados del informe”, expresó.
Informe
Más costos que beneficios
El informe sobre Minería de Metales y Desarrollo Sostenible en Centroamérica, una valoración de costos y beneficios, publicado en febrero por la organización OXFAM, América, concluye en que la operación minera no ha jugado un papel significativo en la economía de Guatemala, Honduras y El Salvador, y que la contribución de la industria minera en esos países debería estar balanceada con todos sus costos. Desde la perspectiva financiera, el documento señala como inconvenientes de la operación minera: volatilidad de los mercados de los bienes minerales; la minería a cielo abierto genera poco trabajo y sus ciclos son relativamente cortos; por tanto, ofrece pocas ventajas a las economías locales.
Los riesgos del entorno van desde el drenaje ácido de mina hasta las filtraciones de la presa de cola, que aunque pueden prevenirse, las mineras ignoran las reglas, asegura el informe.
La OXFAM advierte que son las comunidades más cercanas a la operación minera las que padecen las consecuencias, por lo que los trabajos deben contar con el total consentimiento de los pobladores. En el informe también se citan conclusiones de investigaciones efectuadas por instituciones como el Banco Mundial, que señalan que el desarrollo de estos recursos tiene un impacto mínimo en los esfuerzos por disminuir los índices de pobreza.
Posiciones
Nicolás Aguilar, concejal primero de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, asegura que no hay pruebas de las denuncias que pobladores del municipio han hecho en contra de la mina. Sostiene que la empresa apoya a las comunidades, aunque reconoce que las regalías deberían ser mayores.
“Estamos en resistencia ”
Timoteo Sánchez, alcalde comunitario de la aldea Pie de la Cuesta, Sipacapa, San Marcos, asegura que el desarrollo no ha llegado a las comunidades y que los pobladores tienen temor por los riesgos medioambientales de sus tierras.
Marlin
Los aportes de Montana
La mina Marlin se encuentra en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
Más explotación
Ampliarán operaciones
Goldcorp Inc. calculó en el 2004 que el proyecto Marlin tendría una duración de 13 años, durante los cuales serían sustraídas 2.1 millones de onzas de oro y 29.2 millones de onzas de plata —combinando actividad a cielo abierto y subterránea—.
