En los dos meses pasados, la lucha por la nacionalización de los servicios de energía eléctrica ha cobrado fuerza a lo largo y ancho del país. Esto no es producto de la casualidad ni obedece a razones antojadizas. Las organizaciones populares, al demandar la expulsión de Unión FENOSA, sintetizan en esa consigna generalizada el malestar acumulado tras una década de atropellos, de abusos y de ilegalidades cometidos siempre en perjuicio exclusivo del pueblo.
Desde que, en 1998, el Estado privatizó la distribución de la energía eléctrica entregándosela a las empresas transnacionales españolas Unión FENOSA e IBERDROLA, el servicio de electricidad se ha convertido, de manera acelerada, en un problema que cada vez pesa más sobre los hombros del pueblo. Varios hechos concretos se bastan para constatar, de manera incuestionable, que la razón asiste al pueblo y a sus legítimas organizaciones y que, por ende, todos los ciudadanos y ciudadanas que han elevado sus voces tienen pleno derecho de hacerlo:
A.- Primero, fue la venta de la distribución de la energía eléctrica o, si queremos ser más precisos, de la privatización de la distribución de la electricidad. Ya desde ese punto se inicia el saqueo de la riqueza nacional.
En el momento mismo de la venta de los activos del INDE a estas empresas extranjeras, hace ya diez años, el pueblo perdió US$ 149 millones, que fueron a parar al bolsillo de estos codiciosos empresarios españoles. Lo que el INDE les vendió (que es patrimonio del pueblo), tenía un valor de US$ 250 millones y se los vendió en sólo US$ 101 millones. Equivale a que cada ciudadano, incluidos los niños y niñas, hubiera donado la suma de US$ 13.5 a los españoles dueños de estas empresas. Es decir, regalamos, sin ser nunca consultados, la suma de Q101 por persona. Una familia de 5 miembros les regaló, de manera inconsulta y sin saberlo siquiera, ni más ni menos que Q 505,00.
Con esa venta, el Estado dio inicio a un acelerado e ininterrumpido proceso de privatización del INDE, con lo cual el país hace entrega de su soberanía energética a manos de codiciosas empresas extranjeras, que cuentan con la complicidad de autoridades locales y de empresarios nacionales, los cuales se las agencian para quedarse con una tajada de este inmenso pastel.
B.- Luego, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, se inventan el VAD, Valor Agregado de Distribución, concepto que antes no existía en las tarifas eléctricas porque el INDE es una institución pública sin fines de lucro y el VAD no es otra cosa más que el nombre técnico bajo el cual las transnacionales procuran disimular sus ganancias. Las empresas españolas, codo a codo con los integrantes de la CNEE, optan por utilizar un retorcido lenguaje técnico que les permite tirar la piedra y esconder la mano.
A efectos de justificar el VAD, en la Ley General de Electricidad se agregan artículos del todo incomprensibles, como el 71, el 72 y el 73, todavía vigentes a esta fecha, en los que se afirma lo siguiente:
“Artículo 71.- …El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada.
Artículo 72.- El VAD deberá contemplar al menos las siguientes componentes básicas:
a.- Costos asociados al usuario, independiente de su demanda de potencia y energía;
b.- Pérdidas medias de distribución, separadas en sus componentes de potencia y energía;
c.- Costos de capital, operación y mantenimiento asociados a la distribución, expresados por unidad de potencia suministrada.
Artículo 73.- El costo de capital por unidad de potencia se calculará como la anualidad constante de costo de capital correspondiente al Valor Nuevo de Reemplazo de una red de distribución dimensionada económicamente. La anualidad será calculada con la vida útil típica de instalaciones de distribución y la tasa de actualización que se utilice en el cálculo de las tarifas. El costo de operación y mantenimiento corresponderá al de una gestión eficiente de la red de distribución de referencia”.
Con semejante galimatías tecnocrático o cantinflesco, (que si no fuera trágico en sus efectos, hasta risa daría), tanto las empresas extranjeras como la propia CNEE procuran darle sustento técnico a las ganancias y buscan que nadie comprenda que este VAD no es otra cosa más que un bien diseñado instrumento para esquilmar al pueblo. En otras palabras ni más ni menos que su “GANACIA”. (VAD podría entenderse como iniciales de “Vamos A Despojarolos”)
La creación del VAD significó, en cifras concretas, que IBERDROLA cobrara, por concepto de ganancia, alrededor de US$ 140 millones anuales y Unión FENOSA cerca de US$ 260 millones. Entre ambas le esquilman al pueblo US$ 400 millones, que al final salen de los bolsillos de cada familia consumidora. Eso equivale a US$ 33 por ciudadano, niños incluidos. Es decir, una media de Q247 anuales por persona. Siguiendo el ejemplo anterior, a una familia de 5 personas le habrían cobrado la cifra de Q1,235 de ganancia ilegal, año tras año.
C.- En Noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad determinó que el VAD es ilegal y ordenó, de manera clara y concreta, tres cosas:
· la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;
· la devolución a todos los usuarios de los cobros ilegales que estas empresas habían recaudado, y;
· la suspensión inmediata de los cobros ilegales.
De estos tres mandatos emitidos por la autoridad superior del país en materia judicial solamente se cumplió el primero. A nadie se le reintegró ni un centavo de los que, durante cuatro años, habían cobrado de más, y lo peor es que, hasta la fecha, siguen cobrando el VAD. Hasta la fecha han cobrado, pues, diez años de facturas ilegales. 120 meses de facturas ilegales. Esto supone alrededor de Q 2,470 robados a cada habitante del país, incluidos los menores de edad. A una familia de 5 miembros le habrían robado, en este período, cerca de Q12,350.
En síntesis, estas empresas extranjeras, con tal de continuar robando sin límites, se toman la libertad de desatender mandatos judiciales emitidos por la propia Corte de Constitucionalidad, es decir, de colocarse en desacato y desafiar abiertamente el orden jurídico vigente.
Entre tanto, las autoridades de cuatro Gobiernos consecutivos (Arzú, Portillo, Berger y Colom), testigos mudos de este multimillonario latrocinio, hacen lo de los monitos de la famosa caricatura: no ven, no escuchan y no hablan.
¿Qué le pasaría a cualquier ciudadano o grupo proveniente de los sectores populares si se declara en desacato de la Ley? La respuesta a esta pregunta la encontramos en los hechos recientes: les cae sobre sus hombros el peso de la represión, como aconteció en Malacatán el pasado 25 de Diciembre y, si fuera preciso, desde el Estado se les suspenden sus garantías constitucionales, como ha ocurrido en San Juan Sacatepéquez, en Izabal y en Coatepeque.
Pero a las empresas extranjeras y a sus socios locales no les pasa nada, absolutamente nada. Operan, roban, esquilman, estafan rodeadas de absoluta impunidad.
D.- En Febrero del 2008, el actual Gobierno decreta una rebaja en la Tarifa Social. El techo de cobertura lo reducen de 300 kwh a 100 kwh, con lo cual quedan desprotegidas cerca de 660 mil familias en todo el país. Si asumimos que en Guatemala la familia promedio es de cinco miembros, entonces esta medida afecta a alrededor de 3 millones 300 mil habitantes, todos pertenecientes a los sectores populares.
Esta rebaja significó que el subsidio que daba el INDE por concepto de tarifa social se recortó de 762 millones a 360 millones, con lo cual 402 millones pasaron a ser pagados por los consumidores. Quienes cobran en sus facturas esos millones son Unión FENOSA e IBERDROLA, que resultan así las grandes ganadoras de esta reducción de los derechos del pueblo. Implica que a 660 mil familias estas empresas les cobrarán una extra de Q610 anuales.
Esta reducción en el techo de la Tarifa Social al final se traduce en mayores penas para las familias consumidoras de energía eléctrica. Las obliga, sobre todo, a reducir sus gastos en alimentación con tal de que no les corten la luz. Con ello, esta política contribuye a la multiplicación de la desnutrición crónica entre los niños y niñas del país y, paralelamente, agudiza la crisis que afecta a los sectores populares.
F.- El colmo ocurre el pasado mes de Enero del 2009, hace apenas un mes, cuando estas empresas extranjeras tienen el descaro de acusar a Guatemala en tribunales internacionales, amparadas en el TLC, bajo el argumento de que el Gobierno no las deja ganar lo que les da la gana. Esta acusación puede obligar al Gobierno a pagarles una fuerte indemnización y, peor aún, a dejarlas subir el VAD hasta donde su ilimitada codicia les mandate.
Se trata, pues, de que Unión FENOSA e IBERDROLA, tras que deben, cobran. Semejante desfachatez resulta realmente inaudita. Tratándose de empresas cuya sede reside en España, acuden al TLC con Estados Unidos para demandar al país. Y lo hacen porque una de sus empresas asociadas, llamada Teco Energy, tiene su asiento en Miami y, como tal, puede ampararse en ese nefasto Tratado. Es decir, se las agencian para manipular incluso el ámbito jurídico internacional y acomodarlo a sus codicias.
G.- A lo anterior deben agregarse las prácticas ilegales en las que de manera constante incurren estas empresas extranjeras al cobrar multas para las cuales no están facultadas, alterar medidores, facturar servicios inexistentes, amenazar con cortes de servicio, etc.
No es la primera vez, ni la única, en que el pueblo ha denunciado esto o ha hecho sus reclamos, siempre en el marco de la ley. Desde hace años existen numerosas denuncias a las cuales las autoridades han dicho que resolverán pero no se ha concretado en nada. Promesa tras promesa, mesa de diálogo va y viene y el abuso sigue a toda velocidad.
Las empresas españolas se ríen en nuestras caras, mientras las autoridades que debieran defender nuestros derechos miran hacia otro lado y algunas quizá hasta recibiendo sobornos. Pues hemos dicho basta ya, la paciencia tiene un límite; nuestra dignidad y nuestro bolsillo no aguanta más.
H.- Por si lo anterior fuera poco, el actual Gobierno anuncia su política de incrementar la producción de energía eléctrica mediante la autorización para la construcción de cinco plantas generadoras privadas que operarán a partir de carbón mineral. Ya dos de estas se están construyendo en Escuintla, con un costo, entre ambas, de US$ 800 millones, los cuales, al final, sin lugar a dudas terminaremos pagándolos las familias consumidoras, mas la ganancia que las empresas extranjeras quieran sacarle.
Considérese, además, que en Guatemala no existen yacimientos de carbón mineral. Por lo tanto, supeditar la generación energética a la disponibilidad de este producto implica subordinar al país al precio internacional del carbón. Si éste sube, sube el recibo de cada familia en el país.
Autorizar desde el Gobierno la instalación de plantas generadoras privadas implica, inexorablemente, la condena a muerte para el INDE, cuya participación en el tema de la energía se verá cada vez más reducida.
Pero lo peor de producir electricidad a partir de la quema del carbón reside en el hecho de que este proceso es altamente contaminante. Los deshechos inyectan a la atmósfera miles de libras de químicos tóxicos, que se condensan en las nubes y bajan sobre las personas y sobre la tierra en forma de lluvia ácida. Eso implica envenenar los suelos de cultivo y el aire que respiramos.
En vista de todo lo anterior, demandamos de las autoridades del Estado lo siguiente:
1.- La inmediata nacionalización de la distribución, transporte y generación de la energía eléctrica, retornándosele al INDE las plenas funciones para la cual existe y para cuyo cumplimiento fue creado.
2.- La declaratoria de que Unión FENOSA e IBERDROLA son lesivas para el interés nacional y, por lo tanto, se les debe expulsar del país, por cuanto:
· Estafaron al pueblo al momento de la compra de los activos del INDE.
· Han incumplido con lo que la Ley les mandata, incluidos los fallos de la propia Corte de Constitucionalidad.
· Han robado al pueblo de manera continua durante 10 años.
· Han abusado de las facultades que les confiere la Ley.
· Han acusado penalmente al país que les abrió las puertas y que los recibió en su suelo.
3.- Que antes de irse del país estas empresas paguen a Guatemala los montos que se han robado a lo largo de 10 años de latrocinio indiscriminado.
4.- La creación de empresas municipales de energía eléctrica que administren la distribución de este servicio público, en las cuales se abran espacios para el ejercicio pleno de la verdadera participación ciudadana.
5.- La inmediata reforma a la Ley General de Electricidad, de manera que en su letra quede claramente explicitado el espíritu de cada una de estas demandas anteriores.
Por otra parte, la nacionalización de la energía debe concebirse y aplicarse de manera tal que, como país, no sustituyamos un ladrón extranjero por otro nacional. De ser así, poco se avanzaría en términos del respeto a los derechos del pueblo. Es al Estado y a sus instituciones a quienes les corresponde la obligación de suministrar a la población servicios eléctricos suficientes, de calidad y de bajo costo. Y estas tareas, además, deben realizarse sometidas a control social.
En la Ley General de Electricidad que se proponga, por lo tanto, deben concebirse y plasmarse mecanismos ágiles y permanentes que le permitan a la población y a sus legítimas organizaciones el ejercicio pleno tanto de la incidencia política como de la auditoría social.
Hoy el pueblo está en lucha por expulsar del país a los émulos de Pedro de Alvarado quienes, al igual que hace 500 años, vienen a Guatemala con el único propósito de robarnos nuestro oro a cambio de cuentas de vidrio. Y, en esa lucha, venceremos.
Debemos sacar del país a esa gavilla de desalmados que, durante diez años, no han hecho otra cosa más que violar las leyes para saquear impunemente los bolsillos del pueblo.
¡Fuera Unión Fenosa e IBERDROLA!
¡Por la nacionalización de la energía!
¡La Lucha Sigue!
2 de marzo de 2009
Frente Nacional de Lucha (FNL) - www.estamosdefrente.blogspot.com
